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Que los municipios no hereden conflictos laborales, la propuesta

 

La LXI Legislatura del Estado de México se encuentra estudiando una iniciativa, presentada por el grupo parlamentario del PRD, para que los ayuntamientos sean más responsables con su plantilla laboral y no dejen la problemática a las administraciones subsecuentes

 

►Por Isaías Ocampo
FOTO: DREAMSTIME

Uno de los principales problemas que enfrentan los gobiernos municipales son las demandas de extrabajadores que buscan el cumplimiento de laudos laborales que, de acuerdo con e l Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem), en algunos casos las deudas derivadas de dichas resoluciones rebasan el presupuesto anual de los municipios.

De enero a octubre de 2022, se presentaron alrededor de seis mil demandas de trabajadores contra los gobiernos municipales en el Estado de México, según señaló en su momento Antonio Sotelo Espinoza, Director del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la entidad.

Según el organismo de conciliación laboral mexiquense, muchos de los conflictos laborales inician con cada cambio de administración, por personas que no son contratadas nuevamente.

En algunos casos, los ayuntamientos han realizado solicitudes a los congresos  estatales para poder utilizar recursos de distintos ramos para el pago de laudos, pero, generalmente, no procede la solicitud, refiere el Invedem. En tanto, otros ayuntamientos pagan con bienes propios, sin alcanzar a cubrir la deuda por los altos montos.

Ante este panorama, la Diputada local del Estado de México, María Elida Castelán Mondragón, junto al Diputado Omar Ortega Álvarez y la legisladora Viridiana Fuentes Cruz, propusieron una iniciativa  para reformar la Ley Orgánica Municipal de la entidad, a fin de establecer la obligación de los ayuntamientos de resolver, durante su gestión y en función de su capacidad presupuestal, todos los conflictos laborales que presenten.

Para los diputados que suscriben la iniciativa, “los puestos de la administración pública municipal son casi simbólicos por el monto de emolumento que reciben”, señalan en la exposición de motivos de la iniciativa.

A ello, consideran los legisladores, se suma que cuando se despide a un trabajador municipal corre el riesgo de entrar a un conflicto laboral que suele ser largo y tedioso, además del desgaste mental que provoca una situación de esa naturaleza.

De llegar a un conflicto laboral con el municipio, el extrabajador debe esperar la impartición de justicia, la cual puede durar años en llegar, bajo el argumento de que los ayuntamientos no cuentan con suficientes recursos debido a la poca recaudación, recursos comprometidos, insolvencia financiera y adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

“En pocas palabras (el trabajador) no tendrá una justicia pronta y expedita porque determinados servidores públicos municipales no supieron estar a la altura de las demandas sociales, o bien, fueron unos cacos en mayúsculas”, aseveran los legisladores.

HACIA ADMINISTRACIONES RESPONSABLES

Con la reforma a la Fracción I. Septimus del Artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, los legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) buscan obligar a las autoridades municipales a resolver, dentro de su administración, cualquier terminación o recisión de las relaciones de trabajo.

El artículo quedaría de la siguiente forma: “Conocer y en su caso aprobar las acciones que en materia de terminación o recisión de las relaciones de trabajo que se presenten”, con el agregado siguiente, “Siendo responsabilidad de la administración en turno resolver y solventar en función de su capacidad presupuestal”.

Con ello, los legisladores señalan que se evitará que las administraciones entrantes tengan que lidiar con conflictos laborales de administraciones pasadas, logrando así tener mayor flexibilidad sobre sus presupuestos a ejercer.

También explican que se generaría que los ciudadanos despedidos tengan certeza y seguridad jurídica sobre su asunto laboral y evitar que se afecte el patrimonio municipal, con motivo de que algún laudo laboral genere diversas situaciones jurídicas adversas a los bienes inmuebles del ayuntamiento.

En su exposición de motivos, la legisladora María Elida Castelán Mondragón, expuso que los alcaldes del Distrito IX que representa, integrado por Amatepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Sultepec, Tejupilco, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Luvianos, le han externado su preocupación por los numerosos litigios laborales heredados por administraciones pasadas, pues suman elevados montos económicos.

 

Por ello, apuntó, no se puede mantener la inercia de gobiernos municipales indiferentes a las necesidades de cientos de sus trabajadores ni mucho menos a la violación de sus derechos laborales, por lo que su iniciativa busca la justicia social para los extrabajadores municipales, además de atender uno de los tantos problemas de las administraciones públicas al liberarlas de malos manejos de personal.

La legisladora consideró que los ayuntamientos enfrentan “serios problemas financieros y presupuestales, tan graves que es necesario replantear el pacto fiscal”. Por ello, llamó a los municipios a ser más responsables con sus finanzas, el uso y orientación de sus presupuestos y las contrataciones y despidos de su personal.