Se ha dicho con verdad que dos meses no hacen sexenio, por más que la nueva Legislatura ha realizado más de 50 reformas a la Constitución, y la intensidad de la vida política ha sido la tónica del inicio del sexenio. Al menos una cosa ha quedado clara: la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está dispuesta a continuar, sin mayores variantes, la misma política y estilo de Andrés Manuel López Obrador. Quizá más adelante se mostrará un estilo propio, pero si ese fuera el objetivo, lo cierto es que los primeros meses han sido muestra de la continuidad sin mayores variantes.

Tampoco es posible negar que se avizoran nuevas políticas y la Presidenta está pendiente de cumplir las promesas de campaña. Las pensiones para las mujeres de 60 a 64 años están en marcha; la promoción de nuevos programas sociales está en el centro de la nueva administración; y con sus matices, pareciera que se intentará utilizar más energías limpias en este sexenio, además de nuevas estrategias que seguramente pronto se darán a conocer. Incluso, pareciera que la política de “abrazos, no balazos” ha evolucionado con la búsqueda de soluciones alternativas que solo los resultados nos mostrarán su eficacia. Con todo, la mayor parte de las señales apuntan a más de lo mismo. Tal es el caso de la funesta reelección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Más allá del debate sobre si el nombramiento fue el resultado de la voluntad de López Obrador o no, lo cierto es que la CNDH ha dejado mucho que desear en los últimos cinco años y Piedra Ibarra no era la candidata más reconocida entre las senadurías de Morena y aliados. Ese tipo de decisiones no ayuda a la construcción de un gobierno sólido para la Presidenta Sheinbaum.

Por lo pronto, en diciembre, el tema será la definición final del Presupuesto de la Federación para 2025. Ahí se mostrarán claramente las prioridades gubernamentales y seguramente mucha de la prisa por cambiar la Constitución en los primeros dos meses tiene que ver con eliminar partidas presupuestales para destinarlas a los programas sociales prometidos por la nueva administración. Tal sería el caso de la desaparición de los organismos autónomos que, hasta el momento de redactar estas líneas, aún estaba discutiéndose en el Congreso de la Unión. Lo que sin duda ocurrirá es un nuevo y severo recorte al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), particularmente en la partida destinada a la organización de la elección de los integrantes del Poder Judicial, que tendrá lugar el 1 de junio del año entrante.

Una vez más, se acerca una elección sin tener certeza de las normas que aplicará el INE y las características propias del proceso electoral. Es más, hasta la fecha, están suspendidas las actividades electorales en la autoridad electoral, por la vigencia de suspensiones dictadas por varios jueces y que, de no acatarse, harían que los funcionarios electorales incurrieran en responsabilidad. El problema es que el tiempo para preparar adecuadamente la elección está corriendo sin que el INE pueda hacer los preparativos correspondientes.

En estas condiciones, la nueva administración sigue desempeñándose en un ambiente de incertidumbre. Será hasta la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, hacia marzo del año entrante, cuando tendremos más luz sobre los planes sexenales, pero el sello de la casa sigue siendo la concentración del poder, el sometimiento sin reparos del Poder Legislativo y el deseo de cumplir a cabalidad los planes que dejó pendientes López Obrador.

La Presidenta Sheinbaum se enfrenta a la necesidad de construir su propio poder y mostrar quién está al mando. Mientras se siga elogiando a la administración pasada y se deje pasar que el Senado dedique tiempo para cantar “Las mañanitas” por el cumpleaños de López Obrador, la sombra del caudillo seguirá presente.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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