Uno de los pendientes heredados de la administración pasada es la reforma electoral. Para Andrés Manuel López Obrador, este fue uno de los objetivos que intentó alcanzar en varias ocasiones, sin éxito y con estrepitosos fracasos. No extraña que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retome el tema a su manera y prepare un proyecto que mantiene los mismos objetivos de su antecesor. Por ello, pasada la elección judicial, la mandataria abrió un debate que inicia con el pie izquierdo.

La clave del éxito en reformas anteriores —al menos desde 1994 a la fecha— fue el consenso alcanzado entre todas las fuerzas políticas. Con ello se consiguió que todos los partidos confiaran en que su participación electoral se daría bajo reglas acordadas. Incluso quienes hoy forman parte de Morena coincidieron en las reglas electorales vigentes. Sin embargo, López Obrador buscó desprestigiar al Instituto Nacional Electoral (INE), acusándolo de ser artífice de fraudes y de constituir una institución derrochadora de recursos. Ante el fracaso del expresidente, Sheinbaum retoma la estafeta con la ventaja de contar con los votos suficientes para imponer la reforma que ella prefiera, que en principio coincide con la de su antecesor.

Uno de los ejes del proyecto presidencial, delineado en las “mañaneras” de julio, es terminar completamente con el sistema de representación proporcional para la elección de los órganos legislativos. En otras palabras, se acabarían los llamados “pluris” para que solo lleguen a las cámaras quienes compitan por el voto directo de la ciudadanía. La Presidenta lo expresó así: lo que se busca es que “quien no gane un Diputado o Senador de manera directa, no tenga representación”... “Las listas plurinominales no son una verdadera representación”.

Al parecer, la Presidenta ignora que una gran cantidad de democracias modernas utilizan el sistema de representación proporcional para elegir a sus poderes legislativos. Esto ha permitido que todos los sectores de la sociedad tengan un espacio de representación, por minoritarios que sean, para que sus voces se escuchen. No en balde este sistema ha prevalecido en México desde las elecciones de 1979, incluso en la composición de los congresos locales y en la integración de los ayuntamientos de todo el país.

El objetivo es muy sencillo: la representación proporcional permite que todos los grupos encuentren una vía institucional de participación política, en lugar de conducir sus inquietudes y demandas por otras vías. Eliminar la representación proporcional concentraría el poder en los partidos más fuertes y dejaría fuera a los minoritarios, aunque su votación haya obtenido un segundo o tercer lugar. Por eso, este sistema reconoce la pluralidad de opiniones que conforman toda sociedad, al tiempo que da su lugar a los grupos mayoritarios.

Sin duda, este será uno de los principales debates que presenciaremos durante este y los próximos meses, además de otros temas que seguramente formarán parte de la reforma electoral. El tema no es menor, pues el concepto moderno de democracia exige que los gobiernos incluyan a todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones. Y la proporción de su poder debe medirse por la proporción de votos que obtienen.

Otros temas son igualmente relevantes: el costo de las elecciones, la forma de nombrar a las autoridades electorales y los recursos que deben recibir los partidos, entre otros. La agenda debería ser más amplia e incluir temas como la sobrerrepresentación, la fiscalización a los partidos políticos, el rol de los medios de comunicación en las campañas, entre muchos otros. Sin embargo, la Presidenta ha iniciado el debate con la representación proporcional como uno de los principales problemas. Esperemos que el debate se amplíe para lograr una reforma incluyente, que no sea solo votada por Morena.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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(figura pública)