Expediente Abierto
► Gasto Público Transparente ♦ Opinión
Desde las últimas décadas del siglo pasado y a la fecha, hemos visto un impulso generalizado en distintos países para fortalecer los marcos jurídicos y normativos que regulan las distintas etapas del ciclo presupuestario. La intención detrás de estas reformas ha sido que los presupuestos públicos tengan un rol más activo entre las acciones gubernamentales, las prioridades de desarrollo (Armijo y Espada, 2014) y la consolidación de la democracia (Tumi, 2020). En la mayoría de los países se ha perseguido un objetivo común: que la información gubernamental sea un insumo para la mejora de la gestión pública y la rendición de cuentas (Armijo y Espada, 2014).
Cejudo y Ríos (2010) argumentan que la capacidad técnica de la burocracia municipal es fundamental para garantizar la rendición de cuentas. En un orden similar de ideas, Ugalde (2019) asegura que uno de los principales retos para la rendición de cuentas municipal es la falta de capacidad administrativa. En este sentido, el autor argumenta que carecer de un sistema interno, que realice la función de organización del gasto, limita la eficiencia del cuidado en la asignación del gasto. Solamente en los municipios urbanos medios y grandes se identifican funciones de gestión financiera (Ugalde, 2019; Cabrero, 2000) mientras que “el resto solo ejecuta funciones operativas y rudimentarias de ejercicio del gasto o simplemente improvisa” (Ugalde, 2019, 38).
El nivel de eficacia de la rendición de cuentas municipal se considera limitado, intermitente y de poca confiabilidad (Ugalde, 2019), ya que se ha limitado a la presentación superficial o genérica de datos poco detallados (Tumi, 2020). Asociado con la capacidad administrativa limitada, Cejudo y Ríos (2010) afirman que entre los municipios mexicanos se desconoce la normatividad, lo que implica su incumplimiento. Entre algunas de las razones que podrían explicar esta opacidad, de acuerdo con los autores, se encuentran: la distancia y la difícil comunicación, falta de la difusión del derecho a la transparencia, ausencia de comisiones y procedimientos establecidos en ley, falta de capacitación del personal municipal, portales de Internet con información insuficiente, falta de voluntad política, falta de capacidad técnica y humana, y diversidad de realidades, entre otros.
Desde la teoría de la rendición de cuentas elaborada en México, se han detectado riesgos que podrían obstaculizar el cumplimiento de la rendición de cuentas. Lo anterior ha dado pie a establecer como tesis que las ciudades, los gobiernos metropolitanos o con mayor desarrollo también cuentan con las mayores capacidades institucionales y administrativas. Si bien, es más probable que en este tipo de municipios se cuente con mayores niveles de profesionalización de los cuadros administrativos, podemos afirmar ahora que el mayor nivel de urbanización, desarrollo o capacidad institucional no necesariamente se ha traducido en mayor uso de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
De forma similar, erróneamente se ha asumido que existe una relación directa entre las condiciones socioeconómicas de los municipios y lo que podríamos llamar una debilidad institucional. Sin duda alguna, el nivel de ingreso, la capacidad recaudatoria y el nivel socioeconómico aumentan la probabilidad de que se eleven las capacidades administrativas. No obstante, no existe evidencia para asumir que esto se cumpla como una ley.
De forma contraintuitiva, los municipios más pequeños, más alejados, con menor presupuesto y con mayores niveles de marginación han logrado cumplir de forma similar con sus obligaciones de información para así contribuir con la rendición de cuentas y la transparencia municipal.
El deseo implícito en la redacción de las presentes líneas apunta hacia motivar a los investigadores de la realidad municipal a evitar cualquier prejuicio y cualquier sesgo preconcebido al momento de elegir el estudio de caso o el contexto para realizar sus investigaciones.