Sanciones eficaces promueven la denuncia

►Por Martha Palma Montes
FOTO: DREAMSTIME

En 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que en 10.6 millones de hogares (27.5 por ciento del total del país), al menos uno de sus integrantes fue víctima del delito, el número de víctimas de 18 años y más se estimó en 21.9 millones, lo equivalente a una tasa de 23 mil 323 víctimas por cada 100 mil habitantes (prevalencia delictiva). Lo anterior con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

De los 31.3 millones de delitos ocurridos en 2023, solo 10.4 por ciento se denunció. El Ministerio Público (MP), o fiscalía estatal, abrió una carpeta de investigación en el 68 por ciento de estas denuncias. Lo anterior implica que, del total de delitos ocurridos, el 92.9 por ciento no se investigó (lo que se conoce como cifra oculta o cifra negra).

El porcentaje de la cifra oculta en 2023 fue estadísticamente similar al de 2022 (92.4 por ciento). Del 68 por ciento de denuncias en las que se abrió una investigación, en el 47.9 por ciento no pasó nada o no se resolvió la denuncia y el 27.6 por ciento resultó en trámite. Lo anterior se traduce en que el 75.5 por ciento de las denuncias no arrojó conclusión alguna en 2023. El resultado fue positivo para el denunciante en el 17.2 por ciento de los delitos en los que se inició una investigación. Lo anterior significa que, en 2023, el porcentaje de delitos con una resolución positiva para el denunciante fue del 1.2 por ciento.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS NO DENUNCIAN?

Los datos de la ENVIPE revelan que las razones para no denunciar delitos se atribuyen a la autoridad en el 60.8 por ciento de las ocasiones; otras causas corresponde al 38.5 por ciento y en el 0.7 por ciento de los casos no se especificó. Entre las atribuibles a la autoridad, los motivos más comunes fueron: pérdida de tiempo, con el 34.4 por ciento; desconfianza en la autoridad, con el 12.7 por ciento, y trámites largos y difíciles, con el 9.8 por ciento. Dentro de otras causas, los motivos más comunes fueron: se consideró un delito de baja importancia, con el 12.9 por ciento; falta de pruebas, con el 9.4 por ciento, y miedo del agresor, con el 6.2 por ciento.

“Para los gobiernos locales es fundamental llevar un buen registro, a fin de entender la magnitud del delito y definir tácticas, técnicas, estrategias de intervención y medición diferencial, conforme a la naturaleza del mismo, porque promover la denuncia sobre hechos de extorsión o cobro de piso, sin garantizar medidas de protección a la víctima, es poner en riesgo su vida”, advierte María Teresa Martínez Trujillo, profesora investigadora en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla.

ESTRATEGIAS LOCALES

Incentivar la cultura de la denuncia requiere de un compromiso político por parte de las autoridades estatales y municipales para informar qué hacer frente a una situación delictiva, cómo iniciar el procedimiento legal y en qué canales.

“Cuando alguien es víctima de un delito se siente vulnerable, lo ideal es que reciba acompañamiento y seguimiento por parte de los funcionarios públicos, esto favorece la convivencia cívica y genera una percepción positiva sobre la atención ciudadana gubernamental”, asegura Manuel Alejandro Guerrero Martínez, profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.

El académico resalta que considerar a la población que habla diferentes lenguas indígenas es parte de una correcta difusión y acompañamiento, además de hacer accesibles los procedimientos de denuncia para los adultos mayores, todo con base en las características y necesidades de los habitantes.

“La impartición de justicia tiene una deuda histórica con la población en general, sobre todo los sectores más vulnerables que se sienten desprotegidos frente al delito”, reflexiona.

Por su parte, Aldo Muñoz Armenta, profesor de tiempo completo e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), agrega que es factible para los gobiernos locales utilizar tecnologías que agilicen la recepción de las denuncias y hagan transparente el proceso.

Adicionalmente, considera que los ayuntamientos pueden ayudar a descentralizar los MP y Fiscalías, al proporcionar instalaciones cercanas a las comunidades y que estas sedes incrementen conforme al crecimiento poblacional.

“Las autoridades locales también podrían promover programas de empleo o prácticas profesionales para que estudiantes en derecho coadyuven en las actividades de los MP”, menciona Muñoz Armenta.

Aun cuando algunos ayuntamientos no cuenten con insumos tecnológicos o infraestructura robusta, pueden diseñar registros de denuncias sencillos de tipo cualitativo como son las encuestas de victimización, recorridos por las colonias y entrevistas con vecinos, añade Martínez Trujillo.