Después del 10 de abril, nada cambió. Ocurrió lo que ya sabíamos: Andrés Manuel López Obrador seguirá siendo el Presidente de México hasta el 30 de septiembre de 2024. Por lo tanto, la agenda política federal permanece centrada en el debate sobre las propuestas de reformas constitucionales del Presidente; el avance de las megaobras del gobierno; la carrera en Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por la sucesión presidencial y el manejo de la crisis económica agravada por el repunte de la inflación. Faltan, aproximadamente, 19 meses, hacia diciembre de 2023, para que se prefigure quién será la persona que nominará Morena para su candidatura presidencial.

Con todo, el ejercicio de la Revocación de Mandato levantó alertas sobre lo que podría ser la tónica del proceso electoral 2023-2024. El problema radica en la actitud del gobierno y sus funcionarios públicos sobre lo que se deberá entender por propaganda gubernamental. En el caso de la Revocación de Mandato, la ley establecía dos normas que no se cumplieron: (1) solo el Instituto Nacional Electoral (INE) estaba autorizado para promover el ejercicio de consulta; y (2) durante el proceso de Revocación de Mandato, debía suspenderse toda propaganda gubernamental, como en cualquier campaña electoral. El objetivo es simple: se suspende la propaganda de los tres órdenes de gobierno para dejar al elector en libertad de definir su voto sin influencia alguna de propaganda no partidista.

Para el ejercicio de revocación fue manifiesto el interés del gobierno por incrementar la participación, además de promover la figura del Presidente a favor de lo que se denominó su “ratificación”. Adicionalmente, no cesó la difusión de propaganda gubernamental a favor de los logros del presente gobierno. Tales acciones serían violatorias de la Constitución y la ley, y continuaron, a pesar de las medidas cautelares que emitió el INE y que fueron ratificadas por el Tribunal Electoral. Ahora, el dilema es definir si el Tribunal tendrá el músculo jurídico suficiente para emitir las sanciones que correspondan o establecerá que las acciones del Presidente y otros funcionarios públicos son legales y pueden prevalecer.

La trascendencia de este dilema es definir si queremos regresar a procesos electorales en los que la acción de los funcionarios gubernamentales, sus discursos, giras y desempeño se sumen a las campañas de los partidos en una elección. De hecho, ese fue el espíritu del decreto que emitió el Congreso de la Unión, que buscó reinterpretar lo que la ley actual define como “propaganda gubernamental” para facilitar que todo funcionario pudiera referirse a los logros de gobierno y que el Presidente de la República hiciera propaganda gubernamental desde sus conferencias de prensa “mañaneras”.

Por ello, cobra relevancia la iniciativa presidencial por realizar una reforma electoral antes de la elección de 2024. Más allá de las propuestas ya conocidas, como la definición mediante elección abierta de los consejeros electorales del INE, el hecho es que, legalizar propuestas como una nueva definición de propaganda electoral o reducir a rajatabla el financiamiento de los partidos al 50 por ciento, modificaría sustancialmente las condiciones de la competencia electoral para la siguiente elección. Si, además, se cambiara la composición del Congreso, al reducir los asientos de representación proporcional, nos acercaríamos a un esquema de representación muy diferente al que conocemos hoy, en el que se facilitaría la conformación de mayorías y se limitaría la pluralidad que ha caracterizado al Congreso desde finales del siglo pasado.

Después de la No Revocación, el reto consiste en evitar que la experiencia de este año conduzca a institucionalizar el regreso de viejas prácticas electorales que solo deterioran nuestra democracia y reducen la representación política.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @ArturoSanchezG Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (figura pública)