Expediente Abierto

►Infraestructura ♦ Reportaje

Megaobras federales con impacto local

 

Los rubros de carreteras, ferrocarriles e hidrocarburos lideran el gasto en infraestructura programada por el Gobierno Federal en 2025 y se desarrollan en 14 entidades

 

►Por Martha Palma Montes
FOTO: DREAMSTIME

En el rubro de infraestructura, México se ubica en la posición 62 de 67 países evaluados, debido a su sector debilitado y la necesidad urgente de reformas significativas para mejorar la competitividad y atraer inversiones, lo anterior con base en el Ranking de Competitividad Mundial 2024, elaborado por la escuela de negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), junto con el Institute of Management Development (IMD) de Suiza.

Las obras prioritarias de infraestructura que ejecutará el Gobierno Federal en 2025 están catalogadas en seis sectores: transporte, hidráulico, salud, educación, hidrocarburos y electricidad.

Los primeros cuatro representan impactos directos en el desarrollo social, sin embargo, no tienen presupuestos similares.

El monto de proyectos a carreteras y ferrocarriles suma 127 mil 683 millones 939 mil 253 pesos; hidráulico, 19 mil 782 millones 382 mil 224 pesos; salud, 29 mil 397 millones 857 mil 248 pesos; educación, 246 millones 629 mil 938 pesos; hidrocarburos, 209 mil 537 millones 12 mil 85 pesos, y electricidad, 60 mil 861 millones 213 mil 498 pesos.

La entidad que más recurso directo recibirá en el rubro de carreteras es Oaxaca, con 2 mil 748 millones 597 mil 950 pesos; en educación, resalta San Luis Potosí con el total del presupuesto asignado para la construcción de un instituto politécnico, mientras que Baja California ejecutará el 9.44 por ciento del monto en electricidad.

La partida mayor en ferrocarriles es para el Estado de México, con 277 millones 334 mil 398 pesos (0.30 por ciento), en el sector hidráulico destaca Tabasco con 4 mil 385 millones 599 mil 25 pesos (22.17 por ciento) al igual que en hidrocarburos, ya que dicho estado ejercerá el 56.81 por ciento del total anunciado.

En salud, nuevamente Baja California es la entidad más beneficiada, con 2 mil 277 millones 18 mil 52 pesos, que representan el 7.75 por ciento del gasto total.

 

De los seis sectores prioritarios para obras de infraestructura federales, el ramo de hidrocarburos recibirá los mayores recursos por 209 mil mdp

RED FERROVIARIA
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que en 2025 inician los trabajos de cuatro tramos del tren de pasajeros, AIFA-Pachuca, México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato, los cuales se suman al proyecto del Tren Maya de carga, el ramal a Puerto Progreso, las vías del Tren Interoceánico y el ramal Roberto Ayala-Dos Bocas.

Es así que, en el primer semestre del año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) iniciará las obras del tren AIFA-Pachuca y el tren México-Querétaro, mientras que la SICT licitará los tramos Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, este último reducirá el tiempo de traslado a una hora, de Monterrey a Saltillo; además de la licitación de la primera flota de material rodante, es decir, de los trenes que estarán operando.

Los trenes de pasajeros prestarán servicios interurbanos y regionales con vías dedicadas a velocidades máximas de entre 160 a 200 kilómetros por hora, con estaciones principales y secundarias.

En la preparación de estos proyectos interviene un grupo interdisciplinario, compuesto por la SICT, Sedena, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), así como gobiernos estatales y municipales.

Asimismo, la SICT dará continuidad al Programa Bachetón, que inició en diciembre pasado, a fin de atender los dos mil kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje y repavimentar la carpeta asfáltica.

ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Cabe destacar que, al cierre de esta edición, el ramo de infraestructura, comunicaciones y transportes tiene un gasto programable de 140 mil 799 millones 46 mil 115 pesos, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025.

Dicho documento señala los proyectos de asociación público privada a cargo de la SICT para el periodo 2025: libramiento de la Carretera La Galarza-Amatitlanes, conservación plurianual de la Red Federal de Carreteras Querétaro-San Luís Potosí, Coatzacoalcos-Villahermosa, Matehuala-Saltillo, Pirámides-Tulancingo-Pachuca, Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, Texcoco-Zacatepec, Arriaga-Tapachula, Campeche-Mérida, San Luis Potosí-Matehuala, y Tampico-Ciudad Victoria.

En tanto, para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se construirá y equipará el Complejo Penitenciario Federal Papantla y el nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México, a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

MÁS RECURSOS
El presupuesto federal para obras de infraestructura en 2025 es del 2.8 por ciento, respecto al producto interno bruto (PIB), cuando se esperaría al menos un 5 por ciento, considerando que la obra pública impacta en el crecimiento económico y desarrollo social, advierten investigadores.

Esta baja asignación en el presupuesto responde a la falta de una reforma fiscal para incrementar los ingresos, sumado a que la actual administración ha decidido no recurrir a la deuda, a fin de incrementar el gasto, lo que ha provocado los recortes.

“Podría hacerse una revisión general de los temas fiscales, indagar qué tipo de gastos tiene el Gobierno Federal, cómo incrementar algunos rubros de ingresos mediante las tasas al tabaco, alcohol, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y así aumentar la recaudación”, considera Leslie Areli Badillo Jiménez, investigadora en infraestructura del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP).

Para aumentar la inversión en obra pública, la especialista también considera importante fomentar acuerdos con los bancos de desarrollo internacional e incentivos fiscales hacia las empresas del ramo de la construcción; aspectos que favorecen las asociaciones público privadas y dan pie a esquemas de financiamiento accesibles para la federación.

PROPUESTAS
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) elaboró 120 iniciativas de política pública en el sector, a fin de dotar al país de una mejor infraestructura y contribuir al desarrollo económico de las regiones.

Entre las iniciativas que fueron retomadas por el Gobierno Federal, destacan el plan de tecnificación a 200 mil hectáreas de riego en 10 entidades federativas con una inversión de 9 mil millones de pesos (mdp).

Leslie Areli Badillo Jiménez.

 

 

Leslie Areli Badillo Jiménez.

FOTO: CORTESÍA DEL CIEP

La propuesta de un acuerdo nacional en favor del desarrollo de vivienda contribuyó a elaborar el Programa de Vivienda y Regularización, cuya meta en 2025 es construir 165 mil viviendas y el mejoramiento de 100 mil más en la zona oriente del Estado de México.

Asimismo, el Gobierno Federal implementará una ventanilla única para agilizar trámites, en concordancia con la solicitud hecha por la CMIC.

La Cámara también plantea incrementar significativamente los recursos destinados a proyectos de educación y salud, con base en las recomendaciones de organismos internacionales de desarrollo, así como crear un órgano colegiado de planeación en infraestructura a largo plazo, con la participación del sector público, privado, academia y especialistas.

Además, propone impulsar la inversión mixta, para lo cual se requieren mecanismos de transparencia y competitividad en las contrataciones de obra pública y reducir los aranceles aduaneros en los productos importados y utilizados en el sector de la construcción, a fin de evitar el aumento en los costos de infraestructura.