A ciencia cierta nadie sabe cuándo despertaremos de esta pesadilla. Lo único seguro son los descomunales impactos en el empleo y la pobreza. Las personas más vulnerables continuarán en su precaria realidad, nada distinta a la que vivían y padecían antes de la epidemia, con la diferencia de que la atención a sus necesidades se pospondrá una vez más. Los servicios de agua y saneamiento (SAyS) son la principal línea defensiva para afrontar la pandemia; sin embargo, alrededor de 40 por ciento de la población mundial que habita en países de ingresos bajos y medios, tiene problemas graves de acceso.

La economía mexicana se ubica entre las primeras 15 del mundo, pero una cuarta parte de la población nacional, asentada en zonas rurales o periurbanas marginadas, tiene limitados o precarios SAyS. Ello sugiere que la inequidad en la distribución del ingreso y la pobreza son los problemas que impiden contar con SAyS universales y de calidad, pero se insiste en buscar soluciones en el terreno normativo y gerencial.

El marco jurídico de los SAyS es profuso, abarca los tres órdenes de gobierno y, con la eventual aprobación de la Ley General de Aguas, que está iniciando su proceso legislativo, se adicionarían más disposiciones.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha señalado que la dependencia de partidos políticos impide a los municipios alcanzar la madurez institucional para prestar adecuadamente los servicios públicos bajo su responsabilidad. Sin embargo, se insiste en enfocar la problemática de los SAyS en el terreno técnico, aislándolos del contexto político.

A nivel global, la pandemia ha dado lugar al reposicionamiento de lo público y de la política en el diseño de las intervenciones gubernamentales. Lo público entendido como aquello que es de interés para todos y la política como el control democrático del poder.

Es en el ámbito local, donde convergen físicamente gobernantes y gobernados, que la provisión de bienestar y equidad social dan sentido a la democracia efectiva. De ahí la urgencia por encontrar las causas que impiden a los gobiernos locales cumplir adecuadamente con sus responsabilidades institucionales. Esto implica reemplazar las visiones simplificadoras de la realidad, por otras que incorporen lo público y la política. Identificar las interrelaciones entre actores e intereses para conformar la agenda pública (qué se necesita) y construir la agenda de política (cómo habrá de atenderse).

La sincronización de estas dos agendas legitima la acción de gobierno, permitiéndole construir consensos y utilizar al máximo la estructura normativa y burocrática disponible para recuperar su autonomía política.

En México, en el terreno de los SAyS, se requiere la relectura de las disposiciones constitucionales que imponen a los gobiernos estatales responsabilidad legal y política para garantizar a todos los habitantes el acceso a dichos servicios, y por parte de la Federación, la sustitución de programas clientelares y paternalistas por mecanismos redistributivos efectivos.

Lo urgente no puede posponer lo prioritario. Los SAyS son esenciales para el bienestar social. Mejorar y proveer el acceso de esos servicios a todos los mexicanos es una prioridad. El reto de los servicios de agua después del Covid-19 es recuperar lo público y rescatar a la política. La tarea para los actores del sector es evitar que el tema sea pospuesto nuevamente.

Es socio fundador y Director de Proyectos en Políticas Públicas de Akvo, Gestión del Conocimiento del Agua, S.A.