Cómo prevenir malas prácticas de gobierno

 

Especialistas en compliance de Martínez Ocampo & Chávez Vaca explicaron los principales delitos en los que pueden incurrir los servidores públicos y sus recomendaciones para evitar sanciones penales en el ejercicio de sus funciones

   

►Por Luis Alberto Hernández
FOTO: ROSALÍA MORALES

En el seminario virtual “Sanciones penales para servidores públicos”, organizado por Alcaldes de México, expertos hablaron sobre la susceptibilidad de incurrir en delitos o actos de corrupción escalables a delitos previstos en el Código Penal Federal y los códigos penales estatales, como consecuencia de desconocer las atribuciones y obligaciones de los funcionarios.

“Al ser personas políticamente expuestas, es muy importante que los servidores públicos cumplan con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y conozcan sus responsabilidades políticas y penales frente al Estado”, señaló Jorge Martínez Ocampo, Socio del despacho Martínez Ocampo & Chávez Vaca.

Las responsabilidades frente al Estado, puntualizó, son políticas administrativas y penales. La responsabilidad política implica enfrentar juicios por violaciones a la Constitución y mal uso de recursos federales; la responsabilidad penal deriva del abuso de autoridad, fraude, tráfico de influencias, cohecho, peculado y delincuencia organizada.

En su intervención, Marco Chávez Vaca, Socio del despacho Martínez Ocampo & Chávez Vaca, expuso los principales delitos atribuibles a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno:

1. Ejercicio ilícito del servicio público. Ejercer funciones ilegalmente o continuar en éste después de revocado su nombramiento.

2. Acreditar un tercero como un servidor público.

3. Coalición de servidores públicos. Reunirse con otros pares para tomar medidas contrarias a una ley, reglamentos y disposiciones generales.

4. Uso ilícito de atribuciones y facultades. Otorgar concesiones para uso de bienes dominio de la federación, otorgar permisos, franquicias, extensiones, subsidios, contratar deuda que no esté dentro del marco normativo.

5. Delito por pago o remuneraciones. Suscribir el pago de una remuneración no autorizada conforme a la Ley General de Remuneraciones o recibir un pago indebido.

6. Delito de concusión. Que el servidor público exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa indebida, o en mayor cantidad que la señalada por la ley.

7. Delito de intimidación. Inhibir las querellas o denuncias, conforme a la violencia física o moral.

8. Abuso de funciones. Cualquier servidor público que entregue contratos, licencias y permisos, produciendo un beneficio económico, dirigido a familiares hasta por cuarto grado y cualquier tercero con vínculo afectivo. Valerse de información para invertir en adquisiciones o cualquier acto de beneficio económico indebido.

9. Tráfico de influencia. Promover negocios públicos ajenos a su cargo o comisión.

10. Delito de cohecho. Solicitar o recibir dinero, o cualquier otro beneficio en especie y favores políticos.

11. Delito de peculado. Discrepancia entre los ingresos y la forma de vivir, desviar dinero o valores del Estado hacia un particular.

12. Enriquecimiento ilícito. No acreditar la legítima procedencia del dinero.

13. Delito de abuso de autoridad. En ese sentido, los abogados especialistas recomiendan códigos de ética internos o manuales de cumplimiento, que pongan candados a cualquier tipo de ilícito y blinden a las administraciones públicas para ejercer el encargo sin contratiempos.