Si una empresa contamina un río, el producto interno bruto (PIB) aumenta debido al gasto necesario para limpiarlo; en cambio, si el río permanece limpio, ese valor no aparece en ninguna estadística, porque no hay gasto de por medio. La paradoja no es teórica, tiene implicaciones directas para los gobiernos locales.

Durante décadas, el PIB ha sido la principal referencia para evaluar el crecimiento económico. Sin embargo, como advirtió Simon Kuznets hace casi un siglo, este indicador no mide el bienestar de la población. Aun así, en la práctica se ha utilizado como sinónimo de progreso.

El problema es que el PIB registra actividad económica, pero no distingue entre la creación de valor y la corrección de daños. Una obra pública mal planeada que requiere mantenimiento constante puede "generar crecimiento", mientras que una infraestructura bien diseñada que evita costos futuros puede pasar desapercibida en las métricas.

En este contexto, la crítica de Mariana Mazzucato en su libro El valor de las cosas resulta especialmente relevante. Su planteamiento señala que el sistema económico actual no distingue adecuadamente entre las actividades que generan valor y aquellas que simplemente lo redistribuyen o corrigen daños previamente causados.

Aquí es donde los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) adquieren relevancia práctica. No se trata de una tendencia discursiva, sino de un marco que permite ampliar la evaluación de proyectos más allá de su costo inicial o su impacto inmediato.

No obstante, estos criterios solo generan valor cuando forman parte de los procesos de valuación, porque permiten identificar riesgos desde el inicio. Esto no solo mejora la calidad de las decisiones, sino que también fortalece la sostenibilidad de las políticas públicas.

Para los gobiernos locales, su incorporación genera beneficios concretos: anticipa costos ocultos en proyectos aparentemente eficientes que, por externalidades no previstas, terminan siendo más costosos; facilita la priorización de inversiones en contextos de recursos limitados donde es fundamental asignar presupuesto a proyectos que generen mayor valor social y ambiental en el tiempo, no solo aquellos con mayor impacto inmediato; fortalece la confianza ciudadana debido a una mejor rendición de cuentas y a una mayor legitimidad de las decisiones públicas; y mejora el acceso a financiamiento, porque cada vez más organismos e inversionistas consideran criterios ESG al evaluar proyectos.

El reto, sin embargo, es tanto metodológico como cultural. Implica desarrollar capacidades técnicas para integrar estos factores en la valuación, pero también transformar la lógica de la toma de decisiones. Exige reconocer que el valor no siempre es inmediato ni evidente. En muchos casos, el mayor valor de una política pública radica en lo que evita: conflictos, costos futuros, deterioro ambiental o desigualdad social.

Si seguimos midiendo únicamente lo que genera actividad económica, continuaremos incentivando proyectos que incrementan el PIB, aunque no mejoren el bienestar. En cambio, al ampliar el enfoque hacia el valor integral, es posible orientar las decisiones hacia un desarrollo más sostenible.

Al final, medir mejor no es un ejercicio académico: es una condición necesaria para decidir mejor y para gobernar con visión de largo plazo.

*Socio Director de Trujillo Betanzos y Asociados, S.C., compañia especializada en consultaría legal y valuación.