Congresos

►Legisladores ♦ Entrevista

Protocolos de actuación policial a nivel local, una obligación: Olimpia Girón

 

La Diputada federal busca evitar que los primeros respondientes cometan violaciones a los derechos humanos y salvaguardar correctamente los datos de prueba en un juicio, además de garantizar la capacitación, de acuerdo con las características de cada región

 

► Por Martha Palma Montes
FOTO: DIPUTADOSMORENA.ORG.MX

Desde 2015, existe el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, un instrumento para dar certeza jurídica a los funcionarios encargados de brindar seguridad pública en los tres niveles de gobierno, que incluye a los miembros de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública.

Sin embargo, un protocolo de actuación debe considerar las características y particularidades locales, como son los usos y costumbres, siempre con respeto a los derechos humanos, por tanto, la capacitación continua en la materia es fundamental.

 

 

Olimpia Girón es Diputada federal (2021-2024) y Maestra en Derecho Procesal Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 

Bajo esa lógica, la Diputada federal por Morena, Olimpia Tamara Girón Hernández, elaboró la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona una disposición del Artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de protocolos de primer respondiente.

La reforma adiciona una nueva Fracción XV a dicha Ley, que establece: “Generar Protocolos de Actuación de primer respondiente y acciones de capacitación continua sobre su aplicación para garantizar su observancia permanente en beneficio de la población”.

Asimismo, el Artículo Tercero Transitorio señala que aquellas entidades federativas y municipios que no emitan su protocolo de primer respondiente local, deberán basarse en el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente vigente.

Además, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública promoverá que en los protocolos de actuación de primer respondiente, que emitan las entidades federativas y municipios, se incorporen los criterios metodológicos, técnicos y procedimentales contenidos en el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente; y consideren las particularidades y características especiales de sus regiones, procurando la homologación de criterios para la consolidación y fortalecimiento del sistema penal acusatorio.

Las obligaciones que, en su caso, se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto, se cubrirán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el ejercicio fiscal en curso y subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales.

La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Seguridad Ciudadana y está pendiente el aval del Pleno de la Cámara de Diputados.

“El propósito de este proyecto de decreto es evitar que los primeros respondientes cometan violaciones a los derechos humanos y salvaguarden correctamente los datos de prueba en un juicio, para lo cual requieren una capacitación eficiente, con base en las características socioculturales de las regiones. Sabemos que no es lo mismo capacitar con perspectiva de género en el norte, centro y sur del país.”

En el tema de procuración de justicia, la Diputada trabaja en una iniciativa para que el proceso abreviado no sea tramitado exclusivamente por el Ministerio Público, y así contrarrestar posibles actos de corrupción.

La legisladora está convencida de que la corrupción puede erradicarse desde la educación académica y cívica, en ese sentido, propuso la iniciativa de reforma a los Artículos 57 y 58 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de garantizar programas para promover denuncias de cualquier tipo de abuso o violencia en centros educativos.

Para ello, establece que las autoridades educativas en sus tres órdenes de gobierno garantizarán la creación de programas que promuevan la cultura de la denuncia, desde edades tempranas.

Dicha iniciativa fue avalada por la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.
Entre los proyectos de decreto de Girón Hernández, que fueron votados a favor en el Pleno de la Cámara de Diputados, se encuentran la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para incorporar en los anexos transversales a aquellos destinados al combate a la corrupción. También, incluir las previsiones de gasto correspondientes a combatir la corrupción, dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos.

Aunado a lo anterior, la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para definir un plazo máximo en el que deberán implementarse las acciones preventivas, de seguridad y justicia, a fin de enfrentar y abatir la violencia feminicida objeto de la Alerta de Violencia de Género. Y que los municipios coadyuven en la implementación de acciones y políticas públicas transversales de atención a la Alerta de Violencia de Género.

Por último, la reforma al Artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre, para incrementar la multa de 20 a cinco mil, a 40 a 10 mil veces la Unidad de Medida y Actualización a quien traslade ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre sin la autorización correspondiente; aumentar la multa de 50 a 50 mil, a 100 a 100 mil veces la Unidad de Medida y Actualización a quien realice cualquier acto que cause la destrucción, daño y aprovechamiento extractivo de la vida silvestre o de su hábitat.

Girón Hernández es Secretaria en la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados e integrante de las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Transparencia y Anticorrupción. También ha integrado las comisiones de Igualdad de Género, Cambio Climático y Sostenibilidad, y Protección Civil y Prevención de Desastres.

En 2020, la legisladora federal coordinó el Seminario de Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal con Perspectiva de Género en Baja California.