El final del primer año de gobierno trajo sorpresas, desastres y cuestionamientos al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Pasaron las fiestas patrias y las celebraciones de un año de claroscuros en la política. Insisto en que Sheinbaum modificó algunas políticas de su antecesor, particularmente en materia de seguridad, pero mantuvo otras heredadas de Andrés Manuel López Obrador, cuyos resultados serán muy inciertos. Con todo, las lluvias torrenciales en buena parte del territorio nacional, incluida la Ciudad de México, y la persistencia de la inseguridad llaman a reflexionar sobre dónde poner el énfasis de las políticas públicas el próximo año.

Durante sus visitas a las zonas dañadas por las lluvias, la Presidenta enfrentó directamente la molestia y el dolor de las personas afectadas, de los damnificados y de los deudos de más de 60 personas fallecidas, situación que el Presidente López Obrador evitó en su momento. Esa debería ser una buena motivación para diseñar nuevas políticas preventivas, tanto por parte de la Federación como de las administraciones estatales. La idea sería atajar estratégicamente las realidades que se presentan año tras año y dejar atrás la desgastada excusa de que se trata de "lluvias atípicas" y de "la fuerza de la naturaleza". Noviembre es un mes importante para planear, dado que se termina la elaboración del Presupuesto de la Federación para 2026 y se distribuirán las participaciones federales a las entidades federativas.

A partir de las tragedias de los últimos meses, se antoja que la distribución del presupuesto destine más recursos a obras de infraestructura, con una política novedosa que parta de la realidad: todo lo que pasó este año, incluso la presencia de huracanes, volverá a ocurrir y es necesario estar preparados. Ciertamente, ya existen partidas destinadas a este tipo de trabajos, pero no han sido ni suficientes ni bien organizadas. Se requiere de una política integral porque, finalmente, para enfrentar las crisis existen responsabilidades gubernamentales compartidas entre las presidencias municipales, los gobiernos estatales y la Federación.

Una de las restricciones para coordinar políticas preventivas es que el tipo de inversión que se requiere no tiene la visibilidad que motiva el apoyo ciudadano y la generación de votos. Al contrario, construir un buen drenaje genera molestias a la ciudadanía y, al final, no se percibe ningún cambio inmediato. Con todo, casos como el de la Ciudad de México parecen estar llegando a sus límites. Cuando se conjuntan problemas como drenajes obstruidos por basura, socavones que rompen tuberías, afectan los drenajes e interrumpen las vialidades, además de un creciente número de baches, se dificulta el funcionamiento de la ciudad en su conjunto, al menos temporalmente. La solución es invertir, de manera ordenada y coordinada, con una política pública de largo plazo que no piense en los votos, sino en el servicio. Lo mismo se aplica a las administraciones municipales y estatales.

Por ejemplo, de nada sirvió el anuncio de marzo del gobierno de la Ciudad de México de que el Bachetón repararía las vialidades de la capital. En agosto se insistió en que se estaba trabajando y, ahora, en octubre, se repitió el discurso de que dará inicio (otra vez) el Bachetón para tener una ciudad "sin baches".

Las restricciones presupuestales constituyen otra de las limitantes para el diseño de políticas públicas verdaderamente transformadoras. Este gobierno ha insistido, al igual que el anterior, en que no realizará una reforma fiscal, por lo que la escasez de los recursos de la Federación solo genera más endeudamiento. Quizá la estrategia debería repensar gradualmente el sistema fiscal y dar más atribuciones a los estados y municipios para financiar sus propias obras. Noviembre debería fortalecer el diseño de políticas y la planeación de nuevas estrategias, dada la experiencia de 2025.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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