Estrategias integrales para lograr la paz

►Por Martha Palma Montes
FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO
En 2024, alrededor de 23.1 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito, la cifra equivale a 24 mil 135 víctimas por cada 100 mil habitantes. En 10 entidades federativas las tasas superaron a la nacional; las más altas se registraron en el Estado de México (34 mil 851 víctimas por cada 100 mil habitantes), la Ciudad de México (30 mil 804) y Tlaxcala (30 mil 498). En contraste, las más bajas correspondieron a Chiapas (15 mil 576), Tamaulipas (16 mil 537) y Michoacán (16 mil 572), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025.

Asimismo, en agosto de este año, los municipios con mayor incidencia delictiva, con base en las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, según datos recabados por Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fueron: León, Guanajuato; Ecatepec de Morelos, Toluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México; Juárez, Chihuahua; Mexicali, Baja California, y la capital de San Luis Potosí.

Los gobiernos municipales y las alcaldías de la Ciudad de México pueden proponer y aplicar políticas y programas de cooperación en materia de seguridad pública y prevención de las violencias y del delito, así como elaborar iniciativas de reforma a las normas municipales en materia de seguridad pública, e intercambiar experiencias y apoyo técnico, en el marco de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dicha normativa también permite instaurar mesas de paz regionales, integradas por dos o más municipios y presididas de forma rotativa por las personas titulares de los ejecutivos municipales. Su propósito es conocer y analizar los delitos de alto impacto, las tendencias de incidencia delictiva y coordinar acciones orientadas a atender las causas de la violencia y construir la paz, además de diseñar e implementar acciones operativas conjuntas.

"Un diagnóstico en seguridad pública te permite definir correctamente los objetivos, y si este queda institucionalizado mediante acuerdos, los mismos sirven como una base formal para la cooperación y, por tanto, pueden medirse y evaluarse", explica.

Añade que los riesgos en seguridad pública ocurren de manera repentina o por alguna coyuntura, mismos que vulneran o fortalecen la resiliencia local, por lo que es importante analizar los factores y diseñar una estrategia holística. "Un estudio minucioso te permite establecer, implementar y evaluar soluciones efectivas".

COMUNICACIÓN EFECTIVA

Para fortalecer la coordinación regional entre municipios, el especialista sugiere algunas tácticas de comunicación directa y operativa, como el uso de mensajería instantánea entre mandos de las instituciones de seguridad, capacitaciones policiales conjuntas y definir cuándo se requiere un despliegue operativo o un análisis de gabinete, además de fomentar la participación ciudadana a través de la Policía de proximidad.

"Está demostrado que los patrullajes en microespacios o puntos críticos previenen e inhiben los delitos, pero todo debe partir de un diagnóstico para saber qué ocurre en el territorio y si los hechos violentos son aislados o parte de una dinámica más amplia", detalla.

Ramírez Lara subraya que la población debe participar en la construcción de la seguridad, con la intención de fomentar sociedades inclusivas, resilientes y respetuosas de la ley, ya que la retroalimentación entre autoridades y ciudadanía favorece la rendición de cuentas y legitima las políticas en la materia.

"Informar constantemente los resultados de los acuerdos entre las instituciones de seguridad genera inclusión y sentido de pertenencia; las comunidades se convierten así en supervisoras de la actuación policial", comenta Ramírez Lara.

EXPERIENCIA LOCAL

En Morelia, Michoacán, la incidencia delictiva proviene en gran medida de ofensores de otros municipios o estados, principalmente en delitos como robo de vehículos y en el transporte público.

En dicha localidad, la Comisión Municipal de Seguridad trabaja en coordinación con los gobiernos estatal, federal y localidades colindantes, implementando operativos en los límites territoriales para detener a los infractores.

"Aunque no hemos firmado convenios formales, establecemos acuerdos en las reuniones de los Comités Intermunicipales de Seguridad; sin embargo, lo ideal sería suscribirlos para garantizar un buen entendimiento y poner a disposición el estado de fuerza, la tecnología y el equipamiento con el que cuenta la Policía de Morelia", comenta el Comisionado de Seguridad, José Pablo Alarcón Olmedo.

Detalla que la corporación moreliana también brinda acompañamiento y apoyo a municipios con limitada capacidad operativa, por ejemplo, en la vigilancia de la carretera hacia el Aeropuerto Internacional de Morelia para brindar seguridad a usuarios y turistas, aun cuando este se ubica en Álvaro Obregón. "La prioridad es mantener un despliegue operativo que también beneficie al municipio vecino", refiere.

Respecto a incentivar la participación ciudadana en las estrategias de seguridad pública, señala que la Comisión realiza reuniones vecinales, con cámaras empresariales y foros para consolidar este acompañamiento que legitima el quehacer de la institución.

"Contamos con un Consejo Consultivo de Participación Ciudadana integrado por representantes de la iniciativa privada, académicos y sociedad civil. Ahí rendimos cuentas, informamos sobre las acciones operativas de la Policía y recibimos propuestas para fortalecer el esquema de seguridad", indica el Comisionado.

Alarcón Olmedo agrega que el enfoque de trabajo de la Comisión se centra en mejorar la confianza y percepción ciudadana mediante resultados tangibles en la reducción de la violencia y delincuencia, de la mano de una policía cercana, humana, empática y eficiente.

PARA CONSIDERAR

Las características políticas, sociales y económicas de los territorios vuelven complejas las tareas de seguridad pública, especialmente cuando los municipios carecen de cuerpos policiales propios o dependen de la implementación de un mando único, modelo que centraliza las labores de protección y vigilancia en una sola institución determinada por el gobierno estatal correspondiente, advierte Severino Cartagena Hernández, profesor asociado al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

"En el ámbito social, por ejemplo, el fenómeno de la migración ha catalizado la trata de personas, y los municipios que eran de paso ahora concentran las problemáticas derivadas de la dinámica de este delito", refiere.