Después del rechazo en la Cámara de Diputados a la propuesta de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, surgió de inmediato lo que ya se anticipaba: un nuevo Plan B. La mandataria no tardó ni un día en delinear, desde su conferencia mañanera, las características de dicho plan. Como siempre, habrá que esperar a leer la letra chiquita de la propuesta para evaluar sus implicaciones y su verdadera trascendencia. Una vez más, al momento de escribir estas líneas, el plan aún no se ha dado a conocer.

No obstante, la exposición de la Presidenta Sheinbaum en la "mañanera" genera una preocupación inmediata que vale la pena analizar, independientemente de que la iniciativa prospere o no. La propuesta plantea reducir el financiamiento para los congresos locales y modificar la composición de los ayuntamientos en todo el país, entre otros cambios igualmente preocupantes.

Por principio no es una reforma estrictamente electoral, sino política, porque busca modificar la composición de los órganos de gobierno en las entidades federativas. En segundo lugar, el énfasis vuelve a colocarse en la generación de ahorros para liberar recursos destinados a las necesidades del pueblo. En la narrativa presidencial, esto se traduce en la eliminación de privilegios y actos de corrupción. Finalmente, llama la atención que este tipo de propuestas surjan desde el centro, lo que puede interpretarse como un desconocimiento de la importancia del municipio libre para tomar sus propias decisiones.

La Presidenta plantea establecer un tope a los presupuestos que los estados destinan a sus congresos locales, a través de una fórmula aún incierta, vinculada al número de diputaciones con que cuente el congreso y los salarios en cada entidad. En otras palabras, si dos entidades tienen el mismo número de diputaciones, ¿por qué sus congresos tienen presupuestos diferenciados? Evidentemente no se hace referencia a las funciones específicas de cada congreso, las particularidades de cada entidad ni las tareas legislativas que realizan.

En cuanto a la composición de los ayuntamientos, la mandataria menciona el número de regidurías que tiene cada municipio y ejemplifica con Acapulco (20 regidores), Monterrey (28 regidores) y Puebla (23 regidores), y pregunta si son necesarias tantas posiciones. Además, señala que en muchos casos los regidores ganan más que la Presidenta, alcanzando hasta 500 mil pesos mensuales con bonos incluidos. No obstante, tampoco se consideran factores como el tamaño territorial, la población o las responsabilidades de cada ayuntamiento, lo que lleva nuevamente a plantear la necesidad de establecer topes.

El problema aquí es: ¿en dónde queda la federación? Podría esperarse que cada entidad fuera libre y soberana para definir, conforme a su constitución local, los presupuestos y modalidades de la integración de sus órganos de gobierno. Equivocadamente se asume que, si una entidad dedica más recursos a una actividad, así sea su congreso local, eso deba entenderse como "privilegios". Propuestas de esta naturaleza requieren un análisis muy pormenorizado, no solo del gasto, sino de las necesidades reales de cada entidad, considerando sus características, potencial económico, población y geografía. Al igual que ocurrió con la reforma electoral que no fue aprobada por la Cámara de Diputados, no parece haber un diagnóstico integral que sustente este tipo de propuestas, salvo la comparación de salarios entre entidades y la idea de ahorrar recursos.

Quizá la mayor preocupación que genera este tipo de propuestas es la concepción de república que se proyecta en este gobierno, donde el centro busca regular a las entidades, dejando de lado la soberanía de los estados. A estas alturas ya no importa si esas propuestas proceden o no, sino el tipo de república que se pretende imponer en el pacto federal.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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