Tips de Gestión
Contrataciones públicas con responsabilidad
Los municipios recurren con mayor frecuencia a la adjudicación directa como mecanismo para contratar servicios o comprar bienes públicos, por ello se requiere mejorar las normas y leyes en la materia y armonizar las existentes a nivel municipal, consideran expertos
►Por Isaías Ocampo
FOTO: DREAMSTIME
En México, por mandato constitucional, las compras o adquisiciones por parte de los gobiernos deben ser a través de licitaciones, un mecanismo que permite garantizar las mejores condiciones de competencia, precios y calidad en el mercado, sin embargo, existen otros procedimientos establecidos en normatividades secundarias que permiten realizar contratos por adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas que ofrezcan el servicio o bien material.
Durante 2020, de los 135 mil 617 contratos que realizaron las administraciones públicas municipales, 56.4 por ciento fue en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; mientras que 43.5 por ciento se realizó en obra pública y servicios relacionados con la misma, según datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con la información, en ambas materias la adjudicación directa fue el principal mecanismo de contratación, con 42.2 por ciento en adquisiciones, arrendamientos y servicios, y 40.1 por ciento en obra pública y servicios relacionados con la misma.
Si bien la adjudicación directa es uno de los procesos establecidos en las leyes federales y estatales, también es donde existe un mayor riesgo de corrupción en comparación con los mecanismos de licitación pública, explica Manuel Guadarrama, Coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO).
“Cuando no hay competencia, la innovación y la claridad siempre disminuyen porque no existen incentivos para que los proveedores den el mejor servicio o los mejores precios y calidad; la licitación pública siempre va a tener más y mejores servicios para los gobiernos, y para las empresas también ayuda a que ofrezcan sus servicios en un ambiente de igualdad de oportunidades y crea un mejor ambiente de negocios, en donde justamente las reglas son claras para todas las empresas y productores”, señala el especialista.
Sin embargo, precisa, las condiciones del mercado no son las óptimas debido a que el número de proveedores llega a ser muy limitado y en ciertos sectores únicamente hay uno o dos competidores. Derivado de esas circunstancias, es necesario contemplar mecanismos como la adjudicación directa o la invitación a cuando menos tres proveedores que el gobierno ya haya detectado previamente.
ARMONIZAR LAS LEYES
El país tiene un tema pendiente a nivel nacional en el tema de contrataciones públicas debido a la fragmentación en el marco normativo, ya que las dependencias federales y empresas paraestatales tienen sus propias reglas, mientras que estados y municipios se rigen por diversas normativas, en especial en los municipios, donde existen desde bandos municipales hasta leyes orgánicas que regulan el tema, además de los procesos administrativos, los reglamentos, lineamientos y disposiciones que operan a nivel municipal para las contrataciones públicas.
“La primera recomendación sería tratar de consolidar o, al menos, armonizar de mejor forma el tema de las contrataciones públicas, sobre todo en los municipios de un estado, ya ni siquiera de todo el país, sino al menos que a nivel municipal se tenga un cierto estándar mínimo […]. Tenemos justamente algunos estados que dan una pauta mínima y otros que lo dejan a la regulación de los propios municipios. Ese es el reto, mejorar la armonización y que no sea tan diversa la regulación”, expone Manuel Guadarrama.
PROCESOS LIMPIOS
En cualquier caso, los procesos de contrataciones públicas deben contar con un mínimo de reglas para dar certeza de cómo se llevarán a cabo, recomienda el experto del IMCO, lo cual sería uno de los primeros temas en atender.
“Siempre va a convenir tener licitaciones públicas, habrá casos en que los demás mecanismos estén claramente justificados, porque a veces solamente hay uno o dos proveedores que cumplen con las características que se requiere del producto o servicio, de lo contrario, sí tenemos que disminuir estas causales por las cuales se puede adjudicar y no acudir a la licitación como el principal mecanismo”, detalla.
Otra recomendación que comparte el especialista es incorporar seguimientos para disminuir riesgos de corrupción. “Si nosotros tenemos conflicto de interés y marcos normativos relajados donde se da esta facultad de discreción de la autoridad para los contratos, vamos a tener un mayor riesgo de corrupción, en las compras públicas siempre se debe disminuir al mínimo el riesgo”.
Por último, el entrevistado recomienda implementar una coordinación efectiva entre municipios y distintos órdenes de gobierno, como compartir las listas de proveedores o hacerlas públicas para consulta entre entidades federativas y municipios. “Eso permitirá examinar si se ha cumplido en tiempo y forma con los contratos y entrega de productos, suministro de bienes o servicios”, explica.
“Lo ideal es contar con una plataforma nacional en materia de contrataciones públicas, en donde todo sea consultable y que, además, pueda ser transaccional, es decir, que no solamente sirva para la consulta, transparencia y rendición de cuentas, sino también para ahí mismo lanzar convocatorias para licitaciones y seleccionar a los proveedores que cumplan con los requisitos”, finaliza.
Manuel Guadarrama. FOTO: CORTESÍA DEL IMCO