La pasada elección del Poder Judicial cumple uno de los caprichos más ominosos de Andrés Manuel López Obrador, aplicado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De ahora en adelante, todo será consecuencias, ajustes y sorpresas, cuando conozcamos resultados de las 881 personas electas. Lo que sigue debería ser un debate serio sobre la perspectiva de nuestra ya muy dañada democracia. Para la Presidenta ya somos el país más democrático del mundo y poco importa que todo el mundo piense lo contrario. Para el expresidente Ernesto Zedillo la democracia mexicana ha muerto y su dicho no ha tenido una respuesta con argumentos, sino con descalificaciones.

Abrir un debate serio urge porque está en ciernes un proyecto de reforma electoral que, además de tocar al Instituto Nacional Electoral (INE) en su línea de flotación (prácticamente destruir el Servicio Profesional Electoral), propone cambiar el modelo de representación política en el país, pues elimina el método de representación proporcional para elegir parcialmente a los Poderes legislativos, federal y locales. Tan solo esa propuesta lastimaría seriamente nuestro sistema electoral y nos regresaría a los años 70 del siglo pasado, cuando el sistema estaba cerrado para la oposición y no se podía hablar de democracia en México. De hecho, no dialogar con la oposición hoy, anuncia una “democracia” en la que la fuerza mayoritaria gobierne solo para quienes la apoyan.

Sin duda, parte de la responsabilidad sigue radicando en la ausencia de una oposición capaz de reaccionar ante los embates (como la nueva ley de telecomunicaciones), pero que no ofrece una perspectiva pragmática, con fortaleza ideológica, que seduzca a los electores.

Abrir un debate serio urge porque la elección de 2027 será mucho más compleja que la experiencia del reciente ejercicio. De no haber una verdadera reforma electoral, 2027 traerá complicaciones nunca antes vistas en México. En ese año, además de renovar la Cámara de Diputados federal, habrá elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas y se elegirán 16 gobernadores. De acuerdo con la Ley vigente, el 7 de junio de 2027 se tendrán que instalar más de las 173 mil casillas que debían operar el pasado 1 de junio. Adicionalmente, ese mismo día, deberán colocarse otras tantas para las elecciones del Poder Judicial, casi 350 mil en total. Este año, el INE apenas pudo instalar 84 mil, con muchos problemas y un presupuesto recortado.

Abrir un debate serio sobre la perspectiva de nuestra democracia es una urgencia para enfrentar todos los problemas técnicos que habrá que resolver, pero también para decidir qué tipo de régimen se busca instaurar en México y con qué tipo de instituciones. De hecho, ya ahora el INE y el Tribunal Electoral tendrían que reforzar su credibilidad para mantener su autoridad moral ante los embates de la reforma que viene.

Pareciera temprano para debatir sobre estas cuestiones, pues la elección de 2027 está a dos años de distancia. Sin embargo, el proceso electoral para esa elección empieza en la primera semana de 2026 y cualquier reforma que quisiera aprobarse, tendría que estar lista, de acuerdo con la Ley, 90 días antes. En otras palabras, para finales de mayo del año que entra, debería existir una nueva reforma constitucional con su ley reglamentaria. Morena sabe de los problemas en que podría meterse si apresura los cambios violando los procedimientos. También es evidente el riesgo de volver a imponer una reforma sin contar con el consenso de las demás fuerzas electorales. El tono democrático o autoritario de la reforma dependerá de las mayorías del Congreso, pero también de la participación ciudadana en el necesario nuevo debate, que, con argumentos serios, no ideológicos, deberá resolver los problemas que ya tiene nuestra democracia.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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