El candidato y la justicia electoral en tiempos de posmodernidad

 

Los tribunales electorales, en algunos casos, han demostrado tomar decisiones más encaminadas a factores no jurídicos, por lo que la judicialización no garantiza el éxito de la justicia

 

►Por Eduardo Aguilar Sierra*

Se acerca el último mes de campañas electorales. Para algunos será, incluso, el único mes de campañas electorales. No es tarde para encontrar en estas líneas las últimas recomendaciones para los candidatos, en vísperas de la jornada electoral.

Una buena estrategia legal en campañas consta de modelos preventivos y reactivos, que incluyen la defensa, durante las campañas, de las quejas y recursos que promuevan ciudadanos o candidatos. La defensa tiene como propósito demostrar la inexistencia de irregularidades y la prevención de la imposición de medidas cautelares.

Una buena defensa implica estar alerta de recursos y quejas, tanto en los institutos electorales locales como federales, según corresponda, así como en los órganos de fiscalización, y principalmente, en el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que hace a radio y televisión.

No obstante, una estrategia legal integral durante el desarrollo de la campaña conlleva, forzosamente, a estar vigorosamente activos, identificando las posibles violaciones legales de parte de los adversarios y las autoridades para así promover las quejas, denuncias y recursos necesarios.

Un aspecto legal que los candidatos deben tener muy presente es que la ley provee de diversos mecanismos en los que destacan la petición de medidas cautelares, que inhiben, con relativa rapidez, la continuación de la conducta irregular, con el objeto de evitar que su comisión resulte irreparable.

Es así como hemos visto que el INE acuerda en la Comisión de Quejas y Denuncias medidas cautelares para lograr la suspensión de la transmisión de spots en radio y televisión. Para ello, los partidos, candidatos o ciudadanos deberán presentar las quejas ante el INE con petición de medidas cautelares.

Por otro lado, también la publicidad en Internet, incluyendo redes sociales y páginas web, está sujeta a los límites constitucionales de la libertad de expresión, por lo que los candidatos deben actuar con estrategia para evitar imputar delitos falsos, calumniar, usar difusión gubernamental en su amplio contexto y usar símbolos religiosos.

Por otro lado, una estrategia legal exitosa debe acompañar el seguimiento y vigilancia de los gastos de campaña (tanto desde la perspectiva del candidato como del contrario), a efecto de ir con el método proporcionado por las instancias fiscalizadores del INE, si existen eventuales excesos de gastos de campaña, y en su caso, ir documentando quejas o deslindes en las instancias correspondientes.

En paralelo a todo lo anterior, la constante capacitación a representantes generales y de casilla, así como la preparación de la estrategia jurídica para el cuidado el voto en el día de la jornada electoral, resultan elementos sustanciales y relevantes a cuidar.

En este aspecto es muy importante no perder de vista la preparación de la estrategia en la etapa impugnativa. Este último punto es más relevante de lo que parece. Los tribunales electorales, en algunos casos, han demostrado tomar decisiones más encaminadas a factores no jurídicos, por lo que la judicialización no garantiza el éxito de la justicia.

Por esta última razón es que el título de este artículo incluye el concepto de posmodernidad. La Real Academia de la Lengua lo caracteriza por su “oposición al racionalismo y por su culto predominante de las formas, el individualismo y la falta de compromiso social”.

El único éxito claro radica en obtener un triunfo con la mayor cantidad de votos posibles, ya que, de lo contrario, la suerte está echada y quizás los factores posmodernos imperen frente a los racionales y justos.

*El autor es abogado por la Escuela Libre de Derecho, Maestro en derecho Procesal Constitucional, litigante y profesor en la Universidad Autónoma de México y en la Universidad Panamericana.