En México, el Artículo 115 de la Constitución establece que los gobiernos municipales son responsables de la provisión de servicios como agua, drenaje, alcantarillado y alumbrado público, así como de algunos bienes, incluyendo parques, jardines y vialidades, entre otros, para los cuales la demanda ha aumentado considerablemente a raíz del proceso acelerado de urbanización que se ha suscitado en el país en las últimas décadas. Los gobiernos municipales con frecuencia enfrentan limitaciones presupuestarias para cumplir con esas responsabilidades, lo que a su vez impide atender de manera oportuna distintas necesidades a nivel local.

Pero el problema básico es que los gobiernos municipales son altamente dependientes de transferencias intergubernamentales, lo que hace que las finanzas municipales sean vulnerables a coyunturas políticas e intereses electorales. Por lo tanto, los gobiernos municipales exitosos deberán generar mayores ingresos si quieren lograr resultados tangibles en la provisión de los bienes y servicios bajo su responsabilidad. Lo anterior se vuelve aún más crítico en un escenario incierto como el que se vive actualmente a nivel nacional, ¿cómo pueden los gobiernos municipales movilizar ingresos propios adicionales? Veamos.

Primero, pueden aprovechar de mejor manera el impuesto predial, ya que puede aumentar los ingresos municipales no solo porque aún se cobra muy por debajo de su potencial, sino también porque la relativa inmovilidad de su base gravable, es decir, los bienes inmuebles, puede viabilizar eventuales ajustes a la tasa sin grandes riesgos de relocalización para evitar pagarlo. Esa condición puede garantizar ingresos relativamente estables, lo que facilita la planeación del gasto local a mediano y largo plazo. Además, el predial permite al ciudadano evaluar con claridad el beneficio que recibe en bienes o servicios públicos a cambio de su pago, lo que crea un incentivo para la rendición de cuentas y la entrega de resultados concretos por parte de los gobiernos municipales.

Segundo, los municipios pueden aprovechar las plusvalías del suelo urbano para generar mayores ingresos. La regulación del suelo y la inversión pública en infraestructura aumentan el valor del suelo, es decir, generan plusvalía que los municipios pueden capturar en cierto porcentaje para reinvertir en nuevas obras de infraestructura, espacio público, equipamiento, etcétera. Generalmente, existen dos tipos de acciones que generan plusvalía: la asignación directa de mayores aprovechamientos del suelo, incluyendo usos del suelo, alturas o densidades de construcción; y la inversión pública en servicios e infraestructura.

Tercero, los municipios pueden hacer un mayor y mejor uso de las asociaciones público-privadas, que consisten en contratar a una empresa privada la construcción, operación y mantenimiento de alguna infraestructura, de manera que esa empresa reciba pagos por su operación hasta finalizar el plazo establecido en un contrato, momento en que la infraestructura se transfiere al gobierno. Este modelo facilita el desarrollo de infraestructura en contextos de ingresos municipales insuficientes, pero requieren de un marco jurídico adecuado tanto para garantizar el respeto pleno de los contratos como para asegurar la transparencia en todo el proceso. Igualmente, la creación de estas asociaciones suele requerir una capacidad técnica elevada a nivel municipal para evaluar correctamente la rentabilidad social y económica de los proyectos.

En conclusión, los municipios deben ser más proactivos para generar mayores ingresos propios con los cuales puedan entregar mejores resultados a su población. Pero la pregunta clave es si existe en sus líderes la capacidad institucional y técnica, y la voluntad para hacerlo. Y eso, por ahora, está por verse.

*Maestro en Planeación Urbana por la Universidad de Harvard y arquitecto por el Tecnológico de Monterrey. Es especialista en desarrollo urbano y movilidad, y en gestión municipal.