Una de las lecciones aprendidas en los últimos 30 años, en materia electoral, es la importancia de la certeza para la organización de las elecciones. En la medida en que los actores políticos saben con anticipación cuáles son las reglas con las que participarán en los procesos, resulta más fácil que las autoridades electorales tomen las decisiones, definan los plazos y sienten las bases de la elección, sin favorecer o afectar a ninguna de las fuerzas políticas. Esto resulta particularmente importante en vísperas del proceso electoral presidencial, puesto que se trata de una elección que requiere de más preparación, en especial en 2024, ya que, además de renovar la Presidencia de la República, se renueva todo el Congreso de la Unión y habrá elecciones locales en todas las entidades del país.

Las elecciones del 2 de junio del año próximo empiezan a prepararse en un contexto de mucha incertidumbre. La ruta ha sido muy complicada desde el inicio, pues fracasó el intento del Presidente de realizar un cambio a la Constitución que trastocaba todo el sistema electoral mexicano, el método de la representación política y el sistema de partidos. El contundente rechazo precipitó el llamado “Plan B” que tendrá serias consecuencias en la forma como se organizan las elecciones.

Con todo, la aprobación de las leyes ha sido tan tortuosa que, al momento de escribir estas líneas, el Senado de la República no acaba de aprobar la versión final. Además, múltiples organizaciones, partidos y ciudadanos han preparado la interposición de recursos jurídicos en contra de las nuevas normas. El hecho es que, a pocos meses de que inicie el proceso electoral, no tenemos claridad sobre las leyes que estarán vigentes, no sabemos cómo quedará conformada la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y se ha retrasado el proceso para nombrar a las cuatro consejerías electorales que quedarán vacantes en el INE, el próximo 3 de abril.

Pero a la falta de certeza se suma la falta de consenso. De prosperar los cambios, sería la primera vez que una sola visión se imponga sobre la pluralidad política de nuestra sociedad. El tema no es menor porque los efectos del “Plan B” inciden en la calidad de la elección, en la pulcritud de los procedimientos electorales y en la transparencia de los resultados. Hemos pasado de la etapa en la que, además de llamar a defender al INE, lo que ahora se pide es cuidar las condiciones para organizar correctamente las elecciones y mantener vigente nuestra perspectiva democrática. De ahí la insistencia de los actuales Consejeros del INE, sobre los riesgos que el “Plan B” trae para procesos como la instalación correcta de las casillas electorales el próximo año.

La falta de certeza es mala consejera en momentos políticos como los que enfrenta el país. Lo cierto es que, a partir de que se aprueben las leyes y el Presidente haga la promulgación correspondiente, iniciará un debate jurídico que extenderá la incertidumbre por varios meses más y se habrá perdido el acuerdo mínimo para elegir pacíficamente a nuestros gobernantes. Si la Corte rechaza el “Plan B”, Morena protestará cada fase de la elección, como ya se queja el Presidente en las “mañaneras”, por la negativa del Congreso para aprobar los cambios constitucionales. Si, por el contrario, la Corte aprueba lo fundamental del “Plan B”, los partidos de oposición reclamarán el retroceso democrático cometido y la falta de condiciones suficientes para tener elecciones libres.

En cualquier escenario, el INE tratará de hacer las cosas lo mejor posible, aunque todavía no sepamos quiénes estarán sentados en la mesa del Consejo General, con qué ley y el tamaño del presupuesto con el que operará en 2024. México no ha enfrentado un proceso electoral presidencial con este tipo de incertidumbre. Lo que no se entiende es el propósito de fabricar este escenario, donde lo que había era transparencia.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @ArturoSanchezG Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (figura pública)