Para motivos legales, el proceso electoral no ha terminado y nos acercamos a momentos delicados que tendrán lugar este mes. Por principio, en las primeras semanas de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) terminará de resolver las impugnaciones que se presentaron en relación con las elecciones para diputaciones federales y senadurías. Es un trabajo delicado no solo por la definición legal de los triunfadores, sino también porque, después de eliminar los votos de aquellas casillas que se anulen, se definirá el número preciso de votos que haya obtenido cada partido, y ese será el parámetro para que el Instituto Nacional Electoral (INE) haga el reparto de los puestos de representación proporcional y así terminar de integrar las dos cámaras del Congreso de la Unión.

Por lo tanto, también durante agosto se debatirá intensamente sobre los criterios que deberá aplicar el INE para hacer el reparto de las curules de representación proporcional. De ese criterio dependerá el tamaño de la sobrerrepresentación que pudiera alcanzar la coalición Morena-PT-PVEM en la Cámara de Diputados, y la actualización o no de la mayoría calificada necesaria para hacer reformas a la Constitución. No será un debate sencillo ni con la oposición ni al interior del INE ni en el Tribunal Electoral. Del resultado de esa asignación dependerá que prosperen o no reformas que han generado mucha polémica y que, en un esquema democrático, podrían ser enriquecidas si se tomara en cuenta el punto de vista de la oposición en el Congreso.

Paralelamente, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) escenificarán los eventos que conduzcan a la renovación de sus dirigencias. El problema es tener presente que Morena tiene todas las oportunidades para convertirse en un partido hegemónico, si no se consolida un sistema de partidos sólido, con fuerzas políticas competitivas que propongan alternativas democráticas para enfrentar los problemas nacionales.

Después del triunfo arrollador del pasado 2 de junio, más allá de la inequidad que caracterizó al proceso en su conjunto, lo que se requiere es iniciar un proceso de fortalecimiento de nuestra democracia, que necesariamente requerirá de partidos políticos renovados. Morena no tiene incentivos para encabezar ese proceso y tiene la puerta abierta para hacer pasar su “Plan C” electoral y desaparecer al INE como lo conocemos. A estas alturas, tanto el PRI como el PAN requieren de un análisis autocrítico que les permita proyectarse de manera diferente para establecer un nuevo diálogo con la ciudadanía. Sin embargo, parece que, antes de saber a dónde dirigirse, su preocupación mayor es elegir a sus dirigentes.

Finalmente, durante agosto también se presentará el debate sobre la calificación de la elección presidencial que deberá realizar el Tribunal Electoral, a más tardar el 6 de septiembre. La contundencia del triunfo de Claudia Sheinbaum no permite que el problema sea definir al ganador, pero sí se espera que el Tribunal se pronuncie sobre las características que tuvo el proceso en su conjunto, en especial por la inequidad en la competencia y la sistemática intervención del Presidente en la elección. Antes, igualmente en agosto, se debatirá sobre quién o quiénes deberán sumarse a la integración de la Sala Superior para que tenga el cuórum requerido para calificar la elección. La ley parece ser clara al respecto, pero no sabemos si la Presidenta del Tribunal propondrá a uno o dos magistrados para los huecos que deliberadamente dejó vacíos el Senado de la República.

Los debates de agosto mantendrán vivo el proceso electoral. De la manera cómo se tomen las decisiones de este mes, se definirá buena parte de la perspectiva política del país y de su sistema, democrático o no, de gobierno.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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