El inicio de la nueva Legislatura marcó el principio de una nueva etapa de este gobierno. No hay un cambio de fondo, pero el gobierno requerirá de una estrategia distinta si quiere llevar a cabo lo que delineó el Presidente durante los primeros días de septiembre.

Por principio, el mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno buscó establecer dos premisas difícilmente creíbles: (1) Que la llamada Cuarta Transformación ya ocurrió y que, por lo tanto, están desterrados los vicios del pasado, como la corrupción; es más, el Presidente piensa que las transformaciones son irreversibles; y (2) Que vivimos en un México de libertades, sin censura, con plena libertad de expresión, donde se respetan los derechos humanos y no hay ninguna forma de represión, en fin, un México con paz social, gobernabilidad, donde se gobierna con honradez e integridad. Lo menos que podría decirse es que, la mayoría de los mexicanos, tenemos otros datos.

Con base en el discurso presidencial, lo que queda es realizar las reformas para consolidar el cambio. Pero el Presidente requiere de cambios constitucionales para sus propósitos, como fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad e impedir la participación de la iniciativa privada en la generación de energía. Tanto le importa el tema de la energía al Presidente, que con ello inició su mensaje, presumiendo que en Petróleos Mexicanos (Pemex) logró detener las tendencias “privatizadoras”. Ello apunta a que el Congreso vivirá pronto un conjunto de debates muy intensos entre un partido como Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que seguirá la palabra presidencial, sin cuestionamiento alguno, y la oposición, que cuenta hoy con nuevas cartas para negociar matices, rechazar contenidos absurdos y establecer condiciones para otorgar su voto.

Entre los temas que ya siguen ese tipo de negociación está la revocación de mandato. Morena le quedó mal a su presidente al no haber logrado aprobar la ley antes del 1 de septiembre. Acto seguido, en los primeros días de la nueva Legislatura, la oposición logró en el Senado que la pregunta sobre el proceso de revocación se ciña a la letra de la Constitución y que el ciudadano sea consultado en si prefiere: 1. Que se le revoque el mandato, o 2. Que siga en la Presidencia. Habrá que esperar lo que determine la Cámara de Diputados, que hasta el momento de esta redacción no ha tomado su propia decisión, pero ese es el tenor con el que decisiones importantes tendrán que ser negociadas en la nueva Legislatura.

En otros casos, Morena buscará seguir imponiendo su mayoría. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia en la que se votó de inmediato el segundo día de actividades de la nueva Legislatura.

Las reformas a las leyes electorales seguirán una ruta más compleja. Se tratará de un debate más complejo porque todas las fuerzas políticas tienen intereses muy sólidos en lo que pudiera reglamentarse, incluyendo los aliados de Morena. Reunir las dos terceras partes de las Cámaras no será fácil sin una verdadera negociación.

Mientras tanto, las autoridades electorales seguirán operando con sus actuales normas y las personalidades que las integran seguirán en sus funciones. Al respecto, resulta elocuente la decisión tomada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), después de la crisis durante julio y agosto: el Magistrado Reyes Rodríguez fue electo, como nuevo Presidente de la Sala Superior, lo que apunta a la fuerza de la autonomía del Tribunal, a pesar del evidente rechazo que había mostrado el Presidente de la República a su persona.

La nueva Legislatura traerá nuevos espacios de diálogo y negociación, y lo electoral se discutirá en un nuevo contexto. Por lo pronto, hay que estar optimistas.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @ArturoSanchezG Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (figura pública)