Desde la Urna

El 10 de septiembre pasado dio inicio el Proceso Electoral 2026-2027 a nivel federal. Próximamente ocurrirá lo mismo en las 32 entidades de la República, con el propósito de organizar las elecciones locales, que coincidirán en la invitación a toda la ciudadanía a votar el 6 de junio de 2027. Lamentablemente, elección tras elección se deteriora cada vez más la percepción sobre las autoridades electorales. El inicio del proceso estuvo marcado por la renuncia de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Arlett Espino, presuntamente por motivos de salud. No es una situación menor: se trata de una pieza clave para el funcionamiento de todo el Instituto.

La Secretaria Ejecutiva se encarga, además de ser la Secretaria del Consejo General, de representar legalmente al INE, ejerce el presupuesto, coordina la estructura desconcentrada del Instituto, perteneciente al Servicio Profesional Electoral, y dirige los trabajos de la Junta General Ejecutiva, integrada por las personas titulares de las direcciones y unidades técnicas de la institución. Podrían faltar dos o tres consejerías electorales sin que ocurriera prácticamente nada; pero, sin la Secretaria Ejecutiva, el INE no camina.

La renuncia de Claudia Espino se suma a las preocupaciones sobre el funcionamiento del INE en los últimos años. Desde la llegada de Guadalupe Taddei a la Presidencia del Consejo General, cada nombramiento en el Instituto ha generado tensión entre las consejerías, al grado de que se perdió la colegialidad del máximo órgano de dirección y las elecciones han tenido que ser administradas por encargadurías de despacho que no cuentan con el beneplácito de la mesa del Consejo.

Con todo, el INE sigue contando con una estructura profesional que seguramente garantizará la operación de sus funciones fundamentales: habrá boletas el 6 de junio próximo y casillas; todo indica que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) funcionará y que los consejos distritales realizarán oportunamente el conteo de los votos. Sin embargo, preocupan algunas decisiones de la mayoría del Consejo General que generan otro tipo de problemas: (1) la negativa a emitir lineamientos para fiscalizar los actos anticipados de precampaña que realizaron Morena y otros partidos; (2) el relajamiento de los requisitos para ser capacitador o funcionario de casilla; y (3) el cambio de criterio para tratar las boletas "planchadas", es decir, aquellas que salen de la urna sin muestra alguna de haber sido dobladas para introducirlas por la ranura correspondiente. Fue precisamente el endurecimiento de los criterios para estos procedimientos lo que sentó las bases de la credibilidad de la autoridad electoral.

En consecuencia, no es menor que mientras se acerca la elección, resurjan organizaciones ciudadanas que llaman a observarla con el mismo ánimo con el que se hacía en los años previos a la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), cuando la Comisión Federal Electoral, presidida por el Secretario de Gobernación, organizaba las elecciones para favorecer a su partido. Hoy, lo menos que se percibe es que la mayoría de las consejerías electorales, empezando por su presidencia, ha sido capturada por el gobierno y el partido oficial. Con o sin razón, esa circunstancia explica la iniciativa del INE (no explícitamente de Morena) para cambiar el nombre y los colores de Somos México.

Ya iniciado el proceso electoral, se sumarán decisiones que, en su conjunto, podrían incrementar las sospechas de parcialidad y restar integridad democrática a la elección. El problema es que, aun cuando el Tribunal Electoral (que también muestra sus propios problemas de credibilidad) avale las decisiones del INE, lo que el país pierde es la certeza de que las elecciones son libres y justas. Retornamos a una época en la que vuelve a ser una prioridad ciudadana vigilar a las autoridades y denunciar irregularidades.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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(figura pública)