ANÁLISIS LEGISLATIVO
El diputado Ricardo Villareal García, Presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal en la Cámara de Diputados, apoya la solicitud de gobernadores y presidentes municipales, para modificar la fórmula de asignación de las participaciones federales, prevista en la Ley General de Coordinación Fiscal desde 1979. “La fórmula no está adecuada a los tiempos modernos, porque 80 por ciento de los recursos de la recaudación federal participable se lo queda el Gobierno Federal y solo reparte 16 por ciento a los estados, y 4 por ciento a los municipios, lo cual es gravísimo.”

El legislador asegura que ese último porcentaje es insuficiente para que los municipios puedan detonar desarrollo, inversión, infraestructura y generar empleos, aunado a que, en la actual administración, se cancelaron los recursos extraordinarios que otorgaban las secretarías federales para proyectos locales.

La senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, integrante de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, afirma que la pandemia puso en el debate nacional lo que, por años, las entidades y municipios han reclamado al gobierno federal: el actual esquema de coordinación fiscal está superado y no es acorde a la nueva dinámica social y económica del país.

“Urge un nuevo pacto fiscal que tenga como objetivo la autonomía financiera de los municipios bajo un esquema permanente de rendición de cuentas, de profesionalización de servidores públicos, de fortalecimiento institucional y vinculación con la ciudadanía. También se necesitan nuevos esquemas de coordinación fiscal y asociación entre los municipios, en los que se privilegie su esfuerzo recaudatorio según la realidad de cada región.”

Cruz Blackledge considera que todos los fondos contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal, necesitan reglas de rendición de cuentas claras, con base en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Ricardo Villareal también se pronuncia en favor de reglas de operación claras en los fondos del Ramo 33 y 28, en especial para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), al no especificar por qué un municipio recibe cierta cantidad de recursos, que debe ser con base en los niveles de pobreza. “Es un fondo muy estricto que no permite a los ayuntamientos atacar los problemas de pobreza de raíz, porque a veces solo pueden utilizarlo en ciertas colonias por decisión de la Secretaría del Bienestar”.

Juan Carlos Martínez Andrade, investigador del Colegio de Tamaulipas y especialista en federalismo fiscal, coincide en la necesidad de darle más participación a los estados y municipios. Si bien la Constitución prevé la generación de recursos propios por concepto de impuestos, catastro e inversión directa nacional o extranjera, el experto señala que los gobiernos locales necesitan mayores potestades tributarias para generar ingresos que puedan gastar.

Ante la contingencia sanitaria, considera que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), correspondiente al Ramo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, necesita mejores mecanismos de supervisión del gasto, ya que existe cierta opacidad en los estados al reportar el uso del mismo al Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Asimismo, resalta la importancia de evitar que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (Fortamun) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se utilicen para gasto corriente, mediante reformas a la Ley de Coordinación Fiscal que permitan sanear las finanzas locales.