Expediente Abierto
►Institutos de Planeación
Mayor autonomía para planificar ciudades
Los Institutos de Planeación necesitan fortalecer su autonomía técnica, de gestión y financiera para ejecutar proyectos a corto, mediano y largo plazo
►Por Martha Palma Montes
FOTO: DREAMSTIME
En México, los Institutos de Planeación datan de la década de los noventa, y actualmente existen cerca de 70 de estas instituciones dedicadas a formular, instrumentar y evaluar proyectos, así como articular áreas de gobierno con la ciudadanía, a fin de contribuir al desarrollo sustentable de un territorio.
Sin embargo, fue hasta junio de 2021 que las reformas al Artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos señalaron la creación de Institutos de Planeación municipales, regionales y metropolitanos. La ley los describe como organismos públicos descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Refiere, además, que las atribuciones en materia de planeación, así como de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales.
Si bien estas reformas fortalecen el marco legal, en la práctica, los Institutos enfrentan diversos retos de gestión, financiamiento, capacidad técnica y transparencia.
ELEMENTOS BÁSICOS
Los Institutos de Planeación deben asegurar su autonomía técnica, de gestión y política para trabajar en proyectos que trasciendan de cinco hasta 40 años. Además de promover la participación ciudadana, no solo de forma consultiva, sino también de deliberación, opina Manuel Canto Chac, profesor investigador en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.
“Lo anterior acompañado de un marco jurídico preciso, pero a la vez flexible, porque la planificación responde a necesidades de momentos históricos.”
El académico explica que la capacidad técnica de dichos Institutos consiste en plasmar las demandas sociales en objetivos factibles, estrategias y políticas adecuadas, de ahí, derivar programas, presupuestos, indicadores de desempeño y evaluaciones.
Reflexiona que la población es la principal beneficiada cuando se planifica a mediano y largo plazo, porque eso significa continuidad de obras y proyectos, de ahí la importancia de contar con un Instituto de Planeación municipal, regional o metropolitano.
Por otro lado, estos Institutos necesitan surgir de la suma de voluntades de la sociedad civil organizada, academia y otros organismos representativos, como un espacio para plasmar inquietudes rumbo a tener mejores ciudades, agrega Dulce María Franco Pérez, Directora de Planeación y Evaluación de Proyectos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
“Los liderazgos que promuevan a los Institutos requieren diagnosticar previamente las problemáticas más recurrentes en un territorio, como es la armonía entre el corto y largo plazo, la desigualdad socio espacial, la gestión de riesgos, de suelo, mejoramiento y financiamiento urbano, siempre apegados al ámbito de su competencia.”
Estos institutos necesitan surgir de la suma de voluntades de la sociedad civil organizada, academia y otros organismos representativos, como un espacio para plasmar inquietudes y mejorar las ciudades
RETOS
Para Manuel Canto, el principal reto de los institutos es el tiempo, ya que en ocasiones el proceso de planificación rebasa el periodo de las administraciones locales, por tanto, los proyectos no logran ejecutarse a falta de asignación de recursos.
Asimismo, su capacidad de operación es limitada, cuando sus presupuestos dependen de fondos municipales o estatales.
“Considero que también hace falta un marco jurídico que dé mayor margen de acción a los gobiernos municipales para instrumentar las propuestas de los institutos de planeación, porque actualmente los recursos etiquetados son una limitante.”
Respecto a la sostenibilidad financiera, Dulce Franco refiere que es esencial que dichos organismos entreguen propuestas a las administraciones locales, con sus respectivos esquemas de asignación de recursos, y así procurar un retorno de inversión que les permita seguir operando.
“Un reto adicional que me parece muy importante es la integración efectiva de la participación social en los procesos de planeación, es decir, avanzar más allá del diseño de proyectos para que la ciudadanía evalúe el quehacer de estas instituciones. Considero que, al ser órganos técnicos, también están sujetos a la rendición de cuentas.”
Tampoco hay que olvidar la conformación de cuadros multi interdisciplinarios, con experiencia práctica en el ámbito de la planeación, comenta la funcionaria.
En lo que concierne a garantizar la autonomía de gestión de los institutos, urge plasmar dicho mandato en leyes estatales de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, sin embargo, advierte que algunas entidades carecen de este marco normativo.
“Estos organismos pueden promover reformas legislativas que les den fortaleza y pasar del rigor técnico y científico a la práctica.”
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DE TECATE
El Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal (Inpladem) de Tecate, Baja California, surgió en 2014 para asumir las tareas de planeación urbana a largo plazo, uso de suelo, gestión de inversión de proyectos estratégicos y realizar programas sectoriales de servicios públicos.
Lo conforman los departamentos de Planeación Urbana, Planeación del Desarrollo Municipal y de Proyectos Estratégicos.
“En nueve años, hemos actualizado todos nuestros planes y programas de desarrollo urbano, y actualmente trabajamos en la planeación de la zona rural y la gestión pública para diferentes equipamientos urbanos”, comenta Alejandro Ruiz García, Director del Inpladem.
Recuerda que, desde su creación, el Instituto ha gestionado 500 millones de pesos provenientes de fondos municipales, federales, del sector privado y organismos internacionales, acompañado en todo momento de los comités de participación ciudadana.
“Antes operábamos solo con subsidios municipales, pero a partir de 2021 se crearon los mecanismos legales financieros para desarrollar un presupuesto adicional, gracias, en gran medida, a los recursos otorgados por el sector privado, organizaciones nacionales e internacionales. Esto nos da cierta autonomía que antes no teníamos.”
Considera que el principal reto del Instituto es contar con un cuerpo técnico local, entrenar expertos tecatenses comprometidos con el desarrollo territorial.
“En aproximadamente tres años, logramos integrar un equipo de peritos urbanos, encargado de hacer estudios y proyectos. También retroalimentamos a la ciudadanía y la orientamos en cómo participar, pedir recursos y apoyarnos en la planeación.”
Asimismo, sugiere a los ayuntamientos blindar legalmente los planes y programas a largo plazo, ya que las inversiones a futuro tienen mayor injerencia en la solución de problemáticas, e indicar al Inpladem en qué programas de gobierno requiere apoyo.
“Es muy importante mandar el mensaje de que los institutos de planeación tienen la capacidad de multiplicar 100 veces la inversión que se les da. Si un alcalde quiere apostarle a que se transforme su localidad y su ciudad, no puede hacerlo si no empieza instalando y fortaleciendo su propio instituto de planeación”, concluye.
Alejandro Ruiz García.
FOTO: CORTESÍA DEL INPLADEM
Manuel Canto Chac.
FOTO: CORTESÍA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL UAM
Dulce María Franco Pérez.
FOTO: CORTESÍA INSUS.