El año termina con muchos pendientes e incertidumbre en la vida política y económica del país. Los próximos debates están a la vista y noviembre será el escenario de la pugna por el presupuesto, las reformas propuestas en el Congreso de la Unión y los posibles cambios en los objetivos para 2023. Lo cierto es que el año que entra ya es un año electoral y, como opinó Tatiana Clouthier después de su renuncia, todos parecen estar metidos en la sucesión presidencial.

Preocupa, en particular, la cada vez más cercana reforma electoral. Quienes la impulsan pasan por alto algunas premisas básicas: (1) una reforma electoral de profundidad no se hace antes de la elección presidencial, pues se requiere hacer ajustes para corregir políticas ante la elección; (2) cualquier reforma en esta materia requiere del consenso de todas las fuerzas políticas, pues son las reglas con las que todos participarán, y no hacerlo así solo presagia conflictos; y (3) si se realizan cambios constitucionales, la construcción de la confianza requiere que las reformas legales se pacten al mismo tiempo y así evitar sorpresas por parte de las mayorías.

El sello de este gobierno no ha sido la negociación parlamentaria, por lo que buena parte del futuro de nuestra democracia radica en los votos que se acumulen para aprobar las reformas a través de alianzas entre partidos. Por lo pronto, la iniciativa presidencial y las propuestas de algunos partidos tienden a tratar de acotar la autonomía de las autoridades electorales, reducir su tamaño y trasladar a otras instancias algunas de sus funciones. No en balde los actuales Consejeros Electorales han empezado a pronunciarse por el respeto a la integridad de las normas que han permitido, por más de 30 años, la organización de las elecciones.

Varios temas electorales podrían estar a debate durante este mes en el Congreso, que será necesario defender. Por principio, la autonomía en la toma de decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral. Ello implica, por ejemplo, que permanezca la facultad del Consejo General del INE para nombrar a los funcionarios de todo el instituto, a los miembros del Servicio Profesional Electoral y a los integrantes de los Consejos de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), entre otras muchas funciones. En segundo lugar, mantener la estructura, funcionamiento y operación permanente del Servicio Profesional Electoral. Es en esa estructura donde se basa la experiencia y capacidad para el éxito de la organización electoral en cada rincón del país. En tercer lugar, el INE debe mantener el control de la elaboración, incorporación y baja de personas en el Registro Federal de Electores, así como la información contenida en éste, incluyendo los datos biométricos de todos los inscritos. Finalmente, la calidad de las elecciones sigue dependiendo de un conjunto de candados que permiten la vigilancia permanente de los ciudadanos y partidos en cada etapa del proceso.

Se trata de procedimientos complejos, pero necesarios para seguir generando confianza en la ciudadanía sobre la actuación del INE. Por lo pronto, alterar artificiosamente los procedimientos actuales, a pesar de su costo, no abona al fortalecimiento de la democracia. Quizá sea posible avanzar en formas electrónicas de votación, de forma gradual y ordenada, para construir a futuro nuevos mecanismos, pero, en un primer momento, no necesariamente serían más baratos.

Es mucho lo que se puede perder con una reforma electoral que busque, en muy poco tiempo, transformar nuestro sistema electoral y, por ejemplo, eliminar a los OPLES y a los tribunales electorales estatales. Este noviembre se abrirá este debate y solo con un verdadero espíritu democrático se podrán construir y fortalecer nuestras instituciones. Lo demás solo serán parches que no ponen el objetivo donde debe de estar.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @ArturoSanchezG Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (figura pública)