Expediente Abierto
►Violencia Política
Municipios en manos de “REGÍMENES CRIMINALES”
El debilitamiento institucional, la inseguridad y problemas de corrupción han llevado a un aumento en los niveles de violencia contra los presidentes municipales, mientras que los grupos delictivos buscan tomar el control económico y político de los territorios
►POR LUCERO ALMANZA ESCALANTE
FOTOS: DREAMSTIME
De 2018 a 2024, la violencia política en México ha crecido un 200 por ciento, aproximadamente, generándose un clima de inseguridad e ingobernabilidad en diversas regiones del país, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil. Y es el orden de gobierno municipal el más afectado por esta situación.
“Los hechos de violencia político gubernamentales se han venido incrementando de manera sostenida, independientemente de que haya procesos electorales”, señala Armando Vargas Hernández, Coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa.
De 2018 a 2024, tomando los últimos datos de septiembre, agrega, esta violencia ha crecido más del 200 por ciento, y la mayoría de los ataques, cerca del 77 al 80 por ciento, se ha concentrado en el ámbito municipal.
“Esta violencia, sobre todo en contra de las autoridades municipales, es sintomático de lo que en México Evalúa llamamos la expansión del ‘régimen criminal’, que se refiere a los territorios en donde las organizaciones criminales establecen las reglas a nivel económico, político y social.”
Vargas expuso que, dichos regímenes se construyen a través de la corrupción y otros mecanismos, pero principalmente a través de la violencia, de tal forma que las organizaciones criminales neutralizan al Estado e imponen su propia autoridad.
“Lo que estamos viendo en nuestro país es que cada vez hay menos territorios gobernados por el Estado de derecho y más gobernados con las reglas del crimen organizado; entonces, estas agresiones, esta violencia letal o no letal contra los presidentes municipales, aunque también en contra de otras autoridades locales, dan cuenta de este proceso de expansión”, menciona.
ALCALDES ASESINADOS
Itzel Soto Palma, Coordinadora del proyecto Votar entre Balas, de Data Cívica, considera que el puesto de alcalde o alcaldesa es clave para los grupos de la delincuencia organizada, para que puedan influir en la política.
“Hemos registrado en la organización, desde 2018, el asesinato de 32 alcaldes y alcaldesas en funciones hasta octubre de 2024. Esto ha ocurrido principalmente en Michoacán, con seis asesinatos, Oaxaca con otros seis y cuatro en Guerrero”, indica.
Entre los casos recientes que se han registrado, se encuentran el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos Catalán, quien tenía una semana de haber tomado el cargo. También se registró el caso del Presidente Municipal de Candelaria Loxicha, Oaxaca, Román Ruiz Bohórquez.
Itzel Soto agregó que los candidatos a las presidencias municipales son quienes también reciben más agresiones, no propiamente letales, respecto a otros cargos como síndicos, regidores o diputados locales.
“Eso nos deja ver que las agresiones están dirigidas a quienes buscan el puesto más alto en el ámbito local, en lo municipal. Y algo que se ha encontrado en otros estudios, y lo vemos también nosotras, es que hay mayor nivel de violencia conforme es más alto el nivel del puesto”, precisa.
“El alcalde es una posición clave para los grupos de la delincuencia organizada para que puedan influir en la política y por eso las personas que están en este puesto, o compiten por el mismo, tienen altos niveles de vulnerabilidad y riesgo.”
Refiere que, después de los alcaldes en funciones, los funcionarios de Seguridad Pública son quienes sufren de mayor violencia.
Soto Palma agrega que, si bien el número de personas en el ámbito de la política atacadas aumenta durante los periodos electorales, la tendencia en general va al alza, particularmente en 2024.
“En mayo vimos un pico bastante sorprendente en el número de ataques de los grupos de personas que registramos; contabilizamos 137 ataques de diversos tipos a todos los candidatos a funcionarios ya electos e integrantes de partidos, entre otros”, indica.
VIOLENCIA POLÍTICA EN CHIAPAS
La Coordinadora de Votar entre Balas indicó que los estados del país con el mayor número de víctimas son Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas.
No obstante, entre 2023 y 2024, Chiapas ha elevado el registro en sus niveles de violencia política, no solo contra presidentes municipales, sino también contra otros actores como defensores de derechos humanos, periodistas o representantes de la Iglesia.
“La violencia político criminal es un problema que hay que visibilizar, no solo ver los números, sino también reconocer que hay un problema importante de infiltración de grupos del crimen organizado en las entidades”, puntualizó.
DEMOCRACIA VULNERADA
La principal consecuencia de la violencia política es que los individuos, las organizaciones, incluyendo las empresas, quedan a merced de los intereses de grupos delictivos, lo que deriva en una mayor vulnerabilidad de la democracia, sostiene Armando Vargas.
Es decir, los procesos democráticos se han convertido en un medio eficaz, no para que lleguen a los cargos públicos las personas que representen los intereses de los ciudadanos, sino para que los grupos criminales asuman en la práctica el poder y comiencen a ejercerlo buscando la satisfacción de sus necesidades.
“La consecuencia de esta violencia es una mayor ineficacia gubernamental, y por supuesto que esto va a deteriorar la gobernabilidad, porque el Estado pierde capacidad de injerencia a nivel de los territorios locales”, asevera.
Es un problema que data de la propia formación institucional del Estado mexicano, que es una formación eminentemente centralista, desapegada a lo que ocurre a nivel territorial, comenta.
Esta situación, dice, se explica por la debilidad institucional que enfrentan los municipios ante los grupos criminales, que, por el contrario, en muchos casos cuentan con más competencias, mayores recursos y capacidades de fuego.
¿QUÉ HACER?
Para recuperar el Estado de derecho, el Coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa expuso que se necesita de una reforma profunda al sistema de seguridad del país, más allá de acciones de operación policial. Se requiere de un cambio desde la Policía hasta los sistemas de procuración y administración de justicia, así como en la ejecución de sanciones penales.
“Porque, mientras no haya una reforma al sistema —no necesariamente constitucional— que permita que esto funcione con mayor efectividad, básicamente el ciclo de la violencia va a ir perpetuándose y seguirá la proliferación del crimen organizado”, reconoce.
Armando Vargas afirma que se deben encaminar los esfuerzos hacia acciones coordinadas, para lograr una reforma que permita el empoderamiento de los gobiernos municipales en su conjunto.
Armando Vargas Hernández.
FOTO: CORTESÍA DE MÉXICO EVALÚA