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Nuevo León requiere una Policía Municipal de Montaña: Susarrey Flores
Los municipios con sistemas montañosos necesitan un cuerpo de seguridad especializado para proteger la flora y fauna
► Por Martha Palma Montes
FOTO: CORTESÍA DEL CONGRESO DE NUEVO LEÓN
Nuevo León se distingue por sus zonas montañosas, que engloban el Cerro de la Silla y Cerro del Obispado, en Monterrey; Cerro de las Mitras, Cerro del Topo Chico y Cerro El Potosí, en Galeana; Cerro El Barbero, en Lampazos; Cerro El Chiquihuitillos, en Mina; Sierra Papagayos, en Doctor González; Cerro de Los Ramones y Cerro El Pilón, en Santiago, Cadereyta y Allende; Cerro Gordo, en Linares, y Sierra de Picachos, en Cerralvo, entre otros.
Sin embargo, los municipios que en su territorio tienen montañas no cuentan con un cuerpo certificado y especializado en dichas zonas para cuidar el medioambiente y salvaguardar la integridad física de las personas que realizan actividades como el senderismo.
Ante esta situación, el Diputado local Luis Alberto Susarrey Flores presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Gobierno Municipal, en materia de la creación de una Policía de Montaña.
La iniciativa adiciona el Artículo 110 Bis y establece: En los municipios que dentro de su territorio cuenten con una zona de montaña podrán formar un cuerpo de Policía de Montaña debidamente entrenado y certificado, que será el responsable de proteger la flora y fauna que se encuentran en las zonas montañosas, así como de vigilar y salvaguardar la seguridad e integridad física de todos los visitantes que acuden a las montañas a realizar actividades de sano esparcimiento.
El documento señala que la Policía de Montaña pertenece a la Secretaría de Seguridad de cada municipio y su actuar será con estricto apego a derecho y a lo establecido en las leyes federales, estatales y reglamentos aplicables.
La Policía de Montaña deberá estar debidamente coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente del estado para que, en los ámbitos de su competencia, vigile la preservación de las montañas, y con la Dirección de Protección Civil del estado para coadyuvar en tareas de auxilio y rescate en zonas montañosas.
“En los transitorios de la Ley consideramos una adecuación presupuestal por parte del estado y los municipios para conformar este cuerpo policiaco, encargado además de brindar un trato digno a las especies y castigar a quienes atenten contra ellas”, refiere el legislador.
Luis Alberto Susarrey Flores. Licenciado en Derecho y estudiante de Doctorado en Derecho por la Universidad de Monterrey. Se ha desempeñado como Secretario de Desarrollo Económico del municipio de San Pedro Garza García y Coordinador Jurídico de la Dirección Técnica de la Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey. Es empresario de servicio de transporte privado en grupo CAES.
DELITOS AMBIENTALES
En seguimiento a la política ambiental, Susarrey Flores presentó una iniciativa de reforma a los Artículos 44, 158 y 160 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, para crear una Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales.
El Diputado panista considera que la persecución de delitos ambientales es una herramienta que funciona para garantizar el cumplimiento del derecho a un medioambiente sano establecido en la constitución estatal.
“Esta Fiscalía perseguirá, castigará e investigará los delitos ambientales que ocurren todos los días en nuestro estado”, subraya.
ROBO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS
Debido a que el robo o extravío de un teléfono móvil pone en riesgo que el sustractor o tercero tenga libre acceso a la intimidad de una persona, y con ello pueda presentarse chantaje y delitos contra la intimidad personal, Luis Alberto Susarrey formuló una iniciativa de reforma al Código Penal del estado para incrementar las penas a quienes cometan estos delitos.
Dicha iniciativa expone que al responsable se le impondrá una pena de seis a 12 años de prisión y una multa de 80 a 200 UMAS (Unidad de Medida y Actualización).
Si el valor del bien excede las 200 UMAS, la pena será de 10 a 15 años de prisión y una multa de 400 UMAS. Cuando el robo se cometa con violencia, se agregarán de cinco a 10 años a la pena y 200 UMAS a la multa que se imponga.
Por el contrario, si el robo lo hace un proveedor de telefonía o reparador de equipos, aprovechando la prestación de un servicio a un cliente sobre la totalidad del bien o sobre artefactos del mismo, la pena aumentará de cuatro a ocho años y 150 UMAS.
El legislador reitera que el principal motivo para agravar la penalidad del delito se debe al uso de información y datos personales ligados a la intimidad de la persona, los cuales se encuentran en el dispositivo móvil, lo que hace que las víctimas se vuelvan más vulnerables y susceptibles a ser sujetos de otros ilícitos.
TAXIS PARA MUJERES
El Diputado local propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad de Nuevo León, que obliga a las compañías de plataforma digital a prestar el servicio de taxis de mujer a mujer.
“La intención es darle mayor tranquilidad a las mujeres para que puedan trabajar en el servicio de plataformas digitales y, a su vez, usarlo como tal.”
El documento plantea que las empresas de plataformas digitales expidan una carta compromiso y plan general de operación para garantizar que las mujeres clientes puedan recibir el servicio de transporte especializado por parte de conductores de taxis del mismo sexo, el cual ya se ofrece en ciudades de Estados Unidos, como San Francisco y Nueva York.
Asimismo, obliga a las compañías de transporte privado de aplicación a garantizar que sus socios conductores asistan a talleres informativos en materia de acoso sexual y violencia de género, trata de personas y seguridad vial.