Desde antes de que terminara el Mundial de Futbol, comenzaron las presiones al Instituto Nacional Electoral (INE), en vísperas del inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027. A mediados de julio, la actividad electoral creció y las críticas al INE aumentaron en diversos sentidos.

Quizá el tema más polémico es el que ya advertíamos en estas páginas hace algunos meses. Los partidos políticos iniciaron tiempo atrás diversos procesos para simular la selección de diferentes liderazgos en las entidades donde habrá elección de gubernaturas el año entrante. En realidad, son campañas o precampañas adelantadas para posicionar a las personalidades que ocuparán las candidaturas finales. El problema persiste: además de ser actos que violan la ley por estar fuera de tiempo, el INE no levantó la voz oportunamente para detener dichos procesos, a pesar de la insistencia del Consejero Electoral Arturo Castillo Loza, quien alertó con anticipación sobre el tema. Con el paso de las semanas, es evidente que los aspirantes a las candidaturas erogaron recursos, contrataron servicios y organizaron reuniones, sin que ninguna autoridad exija la rendición de cuentas correspondiente ni la transparencia sobre el origen de esos recursos. A diferencia de 2024, el INE no ha emitido los lineamientos que permitirían a la autoridad conocer las características de esos procedimientos, los límites a los gastos de los aspirantes, el origen de sus recursos, los informes que deben presentar y la comprobación fiscal correspondiente.

Durante julio, este problema aumentó, pues el INE otorgó registro como partidos políticos nacionales a Somos México y a PAZ. Estas organizaciones inician la competencia de 2027 con una clara desventaja de más de cuatro meses en el posicionamiento de sus posibles candidaturas. Todo ello reintroduce un problema que nuestro sistema electoral parecía haber superado: la inequidad en la contienda.

A un mes de que inicie el Proceso Electoral, en la primera semana de septiembre, surgen otras decisiones del Consejo General que parecen detalles menores, pero que al final pueden influir en las condiciones de la competencia. Por ejemplo, en su sesión del 9 de julio, el Consejo General aprobó el catálogo de noticiarios de radio y televisión que serán monitoreados por una institución de educación superior para valorar el trato que dichos programas otorgan a cada precandidatura y eventualmente a las candidaturas. La mesa del Consejo General propuso incluir algunos programas adicionales por su amplio rating y una medición para detectar el uso de inteligencia artificial. Una vez más, la mayoría de las consejerías, encabezadas por Guadalupe Taddei Zavala, rechazó estas propuestas.

Si el INE eventualmente decide actuar sobre la equidad en temas como estos, la respuesta llegará tarde. Por eso diversos analistas preguntan: ¿dónde está el INE? Ante las acusaciones de inequidad en la competencia, lo que está en juego es la credibilidad de la institución y, con razón o sin ella, su imparcialidad.

Estamos a menos de un mes de que inicie el proceso electoral, y en agosto los debates aumentarán. En los próximos meses será importante que el INE y los partidos políticos alcancen acuerdos para que el proceso transcurra sin mayores complicaciones. Por lo pronto, en materia de precampañas, el calendario ya se alteró: la propaganda de precandidaturas ya circula en todo el país y pronto comenzarán a caer impugnaciones ante los tribunales electorales, incluso antes de que se dé el banderazo de salida. El INE debe responder pronto a la pregunta que planteó el Consejero Arturo Castillo hace algunos meses: ¿qué tipo de árbitro quiere ser el INE en 2027?

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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