MUNICIPIOS COMPROMETIDOS EN REDUCIR SINIESTROS

►Por Ian López Solís
FOTO: ©BIAPPLESTOCK/DREAMSTIME.COM

El crecimiento de plataformas de reparto ha posicionado a la motocicleta como una herramienta de ingresos y movilidad, pero también ha incrementado los siniestros viales, lo que abre la necesidad de generar esquemas de capacitación y regulación en las ciudades.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Vial de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (Anasevi), el país enfrenta una creciente crisis de mortalidad en motociclistas. Las cifras muestran que los fallecimientos viales a bordo de este medio de transporte pasaron de 1,541 en 2015 a 2,885 en 2023, un incremento del 87 por ciento en menos de una década.

Este aumento posiciona a los motociclistas como el único grupo de usuarios viales cuya mortalidad aumenta con el paso de los años en lugar de disminuir, y afecta principalmente a la población joven. Datos de la Anasevi indican que los usuarios de entre 15 y 29 años concentran cerca de la mitad de las víctimas, con un pico en el grupo de 20 a 24 años, con 547 muertes en 2023.

Al respecto, Isaac Deneb Castañeda Alcántara, Vocal Ejecutivo de la Anasevi, indica que el auge de la motocicleta como herramienta de ingreso no es un hecho aislado, sino una respuesta a cambios estructurales en la movilidad urbana, entre ellos el aumento de plataformas digitales de transporte y reparto, la precarización laboral y la necesidad de alternativas rápidas y económicas.

En este contexto, los gobiernos municipales y las alcaldías se perfilan como actores clave para diseñar e implementar estrategias de capacitación, regulación y prevención, en coordinación con organizaciones especializadas, para reducir la siniestralidad y fortalecer la movilidad urbana segura.

RUTA DE ACCIÓN

Frente a este escenario, Castañeda Alcántara plantea la construcción de un enfoque preventivo e integral entre los distintos órdenes de gobierno, que otorgue a los municipios un papel activo en la gestión de la seguridad vial.

Este enfoque contempla un plan escalonado que consolide políticas públicas de manera progresiva, priorizando la capacitación de motociclistas como herramienta para reducir riesgos y profesionalizar su movilidad, especialmente entre quienes dependen de este vehículo para generar ingresos, dejando atrás un modelo basado únicamente en sanciones como única alternativa para prevenir accidentes. "En el corto plazo, una de las acciones más urgentes es fortalecer la supervisión del uso de equipo de protección, particularmente del casco certificado. Aunque la regulación existe, su cumplimiento es anómalo, por lo que los municipios pueden implementar operativos focalizados en zonas de alta siniestralidad", enfatiza.

En el mediano plazo, plantea la mejora de la infraestructura vial con enfoque en motociclistas, mediante señalización adecuada, atención a puntos de riesgo y criterios de diseño que consideren la vulnerabilidad de estos usuarios.

A largo plazo, propone avanzar hacia un modelo de movilidad que reduzca la dependencia de la motocicleta como única alternativa de transporte, particularmente en los casos en que no es una herramienta de trabajo. "La seguridad vial de los motociclistas también está ligada a la calidad de las alternativas de movilidad disponibles. El fortalecimiento del transporte público y el desarrollo de opciones sostenibles pueden reducir la dependencia de la motocicleta como solución obligada, disminuyendo así la exposición al riesgo", sostiene.

Además subraya la importancia de generar estudios y diagnósticos locales que permitan ajustar las políticas públicas a las condiciones específicas de cada municipio.

ESTRATEGIAS LOCALES

Bajo esta ruta de acción, algunos gobiernos locales del país han comenzado a implementar medidas concretas para atender este fenómeno.

Uno de los casos recientes es la alcaldía Milpa Alta, en la Ciudad de México, encabezada por José Octavio Rivero Villaseñor, que en colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo abrió el primer centro evaluador de motociclistas en esta demarcación.

Este espacio permite a los conductores acceder a un proceso de certificación obligatorio para tramitar licencias tipo A1 y A2, mediante evaluaciones y la verificación del estado mecánico de la motocicleta y del equipo de protección.

En paralelo, en Juárez, Chihuahua, el gobierno municipal ha implementado programas de capacitación dirigidos específicamente a motociclistas que laboran en plataformas digitales. La Coordinación General de Seguridad Vial imparte cursos de educación vial que abordan conducción preventiva, uso adecuado del equipo de protección y prácticas seguras durante las labores de reparto, con más de 100 conductores beneficiados.

En conjunto, estos casos reflejan cómo los gobiernos municipales integran la seguridad de los motociclistas a la agenda pública, con esquemas estructurados de capacitación y certificación.