Después de meses de un infructuoso debate sobre la reforma electoral, la incertidumbre no termina para las autoridades electorales. La obsesiva búsqueda de reducir el costo de las elecciones persiste sin que el oficialismo garantice mejores condiciones para organizar los comicios con la integridad democrática que requieren. La reforma para ajustar los salarios de quienes integran las autoridades electorales al tope del salario presidencial es solo el primer indicio de una intención mayor: debilitar a las instituciones.

Dentro de cuatro meses, durante la primera semana de septiembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará el proceso electoral de 2027. A partir de esa fecha, el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) iniciarán múltiples actividades de coordinación, dada la concurrencia de elecciones en las 32 entidades federativas. Para entonces, ninguno de los dos tendrá claridad sobre los recursos con los que organizará los comicios del año entrante. Lo único cierto es que el financiamiento público a los partidos políticos continuará calculándose con la misma fórmula vigente desde 2014.

No sería extraño que la Cámara de Diputados aplicara una nueva reducción al presupuesto del INE y de los OPLE. El oficialismo mantiene su argumento: las elecciones son muy caras y las autoridades deben reducir gastos. Al gobierno no le importa, por ejemplo, que la falta de recursos impidiera al INE instalar la totalidad de casillas que establece la ley durante la elección judicial del año pasado. Replicar esa medida en 2027 no sería sencillo sin una reforma legal que lo permita expresamente, sobre todo considerando que la elección de la Cámara de Diputados, la mayoría de los congresos locales, una gran cantidad de ayuntamientos y 17 gubernaturas exigen coordinación y, sobre todo, recursos.

La Presidenta Sheinbaum desaprovechó además la oportunidad de incluir en la reforma aprobada el cambio de fecha de la elección judicial prevista para el año entrante. La experiencia de 2025 hacía necesario posponer esa fecha para reducir los problemas técnicos en el INE y los OPLE, y realizar los ajustes que otorguen certeza y limpieza al proceso. El propio INE se pronunció a favor de posponer esa elección. Si permanece el statu quo y no se realiza una reforma entre el momento en que se redactan estas líneas y finales de mayo, la incertidumbre para las autoridades crecerá. Si coinciden las elecciones federales con la judicial, el INE tendría que instalar el doble de las casillas previstas en la ley, ya que los partidos no pueden participar en la elección judicial y sí en la elección de la Cámara de Diputados.

La certidumbre en la vigencia de la ley, la calidad de los procedimientos electorales, la imparcialidad de las autoridades y la no intromisión gubernamental en los procesos fueron, en el pasado, la base de la confianza y credibilidad de las elecciones mexicanas. El país se acerca a los procesos federal y locales sin las certezas a las que estábamos acostumbrados, con nuevas dudas y prácticas altamente cuestionables: la simulación de los partidos al adelantar la nominación de candidaturas y la sobrerrepresentación de una fuerza en el Congreso de la Unión. El panorama para 2027 es incierto y los próximos meses exigirán decisiones claras para fortalecer la calidad de los comicios. La definición del presupuesto para las autoridades electorales será, sin duda, la evidencia de lo que realmente se busca: debilitar o fortalecer la democracia mexicana.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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