La actual administración federal tiene la gran oportunidad de mostrar que, en materia de desarrollo urbano y vivienda, van a desmantelar malas prácticas del pasado y articular nuevos modelos que fomenten la inversión privada y social, para satisfacer las necesidades del país.

En 2019, el sector de la construcción contribuyó con 7.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional y alcanzó una facturación anual de más de 1 billón 747 mil millones de pesos (mdp), generando 6 millones de empleos directos y 3 millones de indirectos. Veremos los datos de 2020 y con la información actualizada podemos anticipar un decrecimiento muy fuerte.

El sistema neoliberal, para usar el término en el contexto actual, produjo serios niveles de pobreza y descontento de una población que votó a favor de un cambio de régimen. Es un hecho. A casi un año y medio, no hay nuevos cauces para construir las estructuras de producción. Solo hay críticas y descalificaciones cruzadas. No hay diálogo constructivo, pero sí, cada vez mayor frustración. Eso es muy grave.

Toca a los empresarios con visión de largo plazo, con capital y capacidad de asumir riesgos, actuar para generar diálogos de reconstrucción, en conjunto con las autoridades y la sociedad, conscientes del cambio de reglas que ahora incluyen una sensibilidad social que ha sido precaria.

Se requiere algo así como un manifiesto de la industria privada de la construcción dirigido al Gobierno Federal y a la opinión pública, en el que “levantemos la cabeza” para cooperar y ver hacia adelante. Esto no lo hemos hecho.

En otras palabras, se requieren propuestas concretas de inversión privada para programas ya definidos por el nuevo gobierno, que hoy son solo lineamientos sin ejes de acción para el sector privado. También tendremos que encontrar nuevas formas de trabajar con municipios y estados para corregir los errores del pasado, como la falta de diseño y planeación urbana, errores de ejecución, corrupción y falta de visión de largo plazo con participación ciudadana.

Los empresarios no podemos organizarnos solamente para la defensa de intereses estrictamente económicos, eso no va a funcionar. Es necesario propiciar acuerdos verdaderamente solidarios, con enfoque social de largo plazo que incluya a las familias y a las ciudades, a lo urbano y al medioambiente, como sus principales prioridades.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó hace unos meses su Programa Nacional de Vivienda (PNV) donde están definidas las pautas del nuevo régimen, que acertadamente abre un amplio abanico de opciones, más allá de la producción industrial de vivienda nueva con subsidio, como en el pasado.

En el PNV están los lineamientos que marcan claramente la generación de nuevas industrias como la Regeneración Urbana (barrios y colonias, centros urbanos, conjuntos habitacionales, asentamientos precarios e informales) y la Urbanización Social (autoproducción y producción social de vivienda). Ahora toca ejecutar, y para eso se requiere de los sectores privado y social.             

El autor es integrante del grupo de asesores estratégicos de la Sedatu, fundador de Comunidades que Renacen, SAPI de CV y cofundador de Alianza para la Regeneración Urbana A.C.