Las autoridades de la Ciudad de México publicaron este lunes 16 de julio en la Gaceta Oficial, la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social, misma que sustituye a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, aprobada en el año 2000.
Foto: Gobierno de la CDMX.
La nueva legislación, aprobada por el Congreso local, establece el Sistema General de Bienestar Social, el cual busca impulsar políticas públicas y brindar un nuevo marco normativo para que el Estado garantice el pleno goce de los derechos universales de la ciudadanía.
“Hoy presentamos una ley que establece entre sus objetivos fundamentales, algunos de los siguientes: garantizar el derecho al bienestar, que significa gozar de una vida digna para desarrollar las capacidades, vivir libres de pobreza y alcanzar el pleno florecimiento del desarrollo y la autonomía. Brindar herramientas a la administración pública para cumplir con la responsabilidad social del Estado”, dijo durante la presentación de la ley, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama.
Agregó que, busca disminuir factores que fomentan la desigualdad; revertir procesos de segregación socio-territorial; organizar la prestación de servicios públicos universales, gratuitos, accesibles, suficientes y de calidad; coadyuvar al ejercicio del derecho a la ciudad; fomentar la reconstrucción del tejido social; y, establecer criterios para la formulación anual del presupuesto en materia de bienestar.
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También, fomentar propuestas de organizaciones ciudadanas en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas; y definir mecanismos y procedimientos que garanticen la exigibilidad de los derechos.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, precisó que para lograr estos objetivos la Ley establece principios, como la universalidad de las políticas sociales, progresividad y no regresividad; y a través de sus 82 artículos, establece mecanismos integradores de coordinación, ejecución y planeación más precisos que en la legislación anterior.
En este sentido, la ley aborda temas relacionados con pobreza, discriminación, alimentación, educación, salud, tiempo libre de calidad, servicios públicos, espacios públicos, políticas de cuidado, vivienda digna para sí y para la familia, agua potable, empleo digno, movilidad, conectividad digital.
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Y enumera grupos específicos de atención prioritaria para el bienestar, como los grupos de migrantes, los que son víctimas de violencia de género y familiar, personas en situación de calle, niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas de la población LGBTTTIQ+, personas con adicciones, personas con discapacidad y también el tema del medio ambiente.
Se establece un programa especial de bienestar, un padrón unificado de beneficiarios de los programas y la articulación con las diversas instituciones, dependencias y las alcaldías, estas últimas, subrayó, deberán coordinarse con las áreas correspondientes del Gobierno capitalino.
“Con el fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar su duplicidad con el propósito de maximizar el impacto económico y social de los mismos, y para materializar lo anterior, deberán sujetarse a la normatividad que emita el Gobierno de la Ciudad de México. Es decir, hay articulación, pero también dirección, porque corresponde al Gobierno de la Ciudad dirigir toda la política de bienestar en todo el territorio de la capital”, mencionó Martí Batres Guadarrama.
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