El Senado de la República aprobó el nacimiento de la Guardia Nacional como parte del Ejército, que apoyará a alcaldes y gobernadores en seguridad pública, con tiempos perentorios y sus elementos tendrán un perfil policial incorruptible, respetuoso de la ley, incapaz de violar los derechos humanos y amable con la sociedad civil y que tendrá control parlamentario estricto.
Foto: Senado de la República.
La nueva ley incluye que si los estados y municipios quieren que la Guardia Nacional los ayude a la seguridad local deberán firmar convenios en los que se comprometan a tiempos perentorios, programas y estímulos para profesionalizar a sus cuerpos policiacos; que la Guardia Nacional podrá intervenir las comunicaciones privadas, pero sólo en torno a ocho ordenamientos legales que incluyen 21 delitos específicos, todos federales.
Al fijar el posicionamiento de Morena, Luis Fernando Salazar Fernández señaló que la violencia y la inseguridad son provocadas por los gobiernos anteriores, por lo que la Cuarta Transformación atiende no sólo las consecuencias, sino también las causas.
“El reto es consolidar a la Guardia Nacional como una fuerza sólida y permanente, de ahí que sea uno de los ejes centrales de la estrategia de seguridad pública”, dijo.
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Enrique Vargas del Villar, del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que la reforma no es la solución para la crisis de inseguridad, ya que no hay policías en más de 700 municipios. Propuso desarrollar otra estrategia, pues, advirtió, la Guardia Nacional y el Ejército no son “policías de barrio” y no pueden con la seguridad pública de fuero común.
En su intervención, Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), explicó que estas reformas dotan de un marco jurídico sólido a la Guardia Nacional para que pueda combatir al crimen organizado, siempre bajo la guía y la conducción de la presidenta, de un mando civil.
Del Partido del Trabajo (PT), Lizeth Sánchez García, insistió en que la propuesta consolida a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional y permanente, conformada por personal militar con formación policial y civil especializado, bajo la rectoría de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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