La presidenta Claudia Sheinbaum presentó detalles de su plan B, luego de que no fue aprobada su iniciativa de la reforma electoral en la Cámara de Diputados.
Foto: Conferencia de prensa / Presidencia de la República.
En conferencia de prensa, la Jefa del Ejecutivo federal afirmó que el objetivo central de su plan B es continuar con la reducción de privilegios en los partidos políticos y en las autoridades electorales, así como fortalecer la participación ciudadana.
La propuesta busca disminuir el gasto público destinado a instituciones electorales y dirigencias partidistas, recursos excesivos en un país con amplias necesidades sociales.
“Durante años, hasta la llegada del presidente López Obrador al gobierno, nuestro objetivo siempre fue acabar con el régimen de corrupción y privilegios”, mencionó.
En este sentido, Sheinbaum añadió que de acuerdo con encuestas, la ciudadanía considera excesivo el financiamiento público a los partidos políticos, así como los salarios de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
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“Al pueblo de México le parece excesivo que se destinen tantos recursos a los partidos políticos, que los consejeros del INE sigan pagando más que la presidenta y que se repitan las funciones en los Oples mientras hay necesidades de agua, drenaje y servicios en los municipios”, reconoció.
Sheinbaum expuso casos como el del Congreso de Baja California con un costo por legislador de 34.8 mdp; de Colima, de 5.1 mdp por legislador o de Morelos, de 31.8 mdp por legislador. Por lo que se propone un tope máximo al presupuesto que se destinado a los Congresos locales. En el caso de las regidurías, expuso que hay municipios como Monterrey con 28 regidores o Puebla con 23.
La mandataria informó que el plan B mantendrá la misma esencia de la reforma rechazada, como reducir gastos excesivos dentro del sistema electoral y redirigir recursos públicos hacia programas sociales, infraestructura y servicios básicos.
Asimismo, planteó fortalecer mecanismos de democracia participativa para que la ciudadanía tenga mayor incidencia en decisiones públicas.
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