Los criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) favorecen al Gobierno federal en la resolución de asuntos fiscales y administrativos, de tal forma que, estos privilegian la protección del Estado, advirtió el fiscalista Adolfo Solís Farías.

Foto; Archivo.
Particularmente en casos relacionados con acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y determinaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Solís Farías explicó que, uno de los puntos más sensibles es el bloqueo de cuentas bancarias, donde los contribuyentes pueden permanecer meses o incluso años sin acceso a sus recursos mientras se resuelven los procesos legales correspondientes.
Refirió que, aun cuando estos bloqueos resulten improcedentes, los ciudadanos no reciben compensación económica por el tiempo en que su dinero estuvo retenido, lo que, dijo, evidencia un trato desigual frente a las obligaciones fiscales.
A diferencia de los contribuyentes que deben cubrir recargos e intereses por retrasos en sus pagos, el Estado no asume responsabilidades equivalentes cuando incurre en afectaciones económicas hacia los ciudadanos.
*Con información de medios locales.








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