Rumbo al periodo electoral de 2027, autoridades de gobierno, organismos e instituciones financieras, de seguridad y transparencia deben estar atentas a las disposiciones de ley, así como a las solicitudes y reportes de información que se requieran para evitar prácticas de corrupción y conexión de candidatos con redes del crimen organizado.
Fotos: Alcaldes de México en Facebook.
“Si los OPLES (Organismos Públicos Locales Electorales) no comienzan a tomar medidas en este sentido y las contralorías no se preparan en los estados en los que se van a realizar las elecciones, lo que vamos a vivir son muchos más escándalos”, comentó Eduardo Bohórquez López, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.
Al participar en la emisión de Soluciones para Gobernar, destacó que, actualmente el tema de transparencia en el sector público es más complejo que en el pasado, por lo que es necesario aplicar las medidas que se han generado tanto en materia legislativa como en las acciones desde el gobierno.
Y es que, expuso, la agenda en la materia tiene que ver hoy en día, con delitos financieros, evasión fiscal, con elusión fiscal, paraísos fiscales, es decir, con temas tan complejos como el huachicol -incluso- que no se resuelve sólo con poner información en una página web.
En muchos casos, las administraciones locales, sobre todo los municipios, consideran la transparencia fiscal sólo con subir información a sus sitios de internet.
“La agenda en el tema de transparencia ha cambiado tanto en los últimos 30 años, al menos, que la palabra transparencia ya no refleja lo que se hace en esta materia. Estrictamente transparencia se refiere a asegurar flujos de información entre el gobierno, las empresas, las personas, es lo que permite que funcione el mercado, pero la agenda se ha vuelto mucho más compleja”, sostuvo.
En este sentido, consideró que se tiene que ver de una manera conjunta el tema de corrupción, que se incorpora en la Convención de Mérida, y el tema de crimen organizado, que se considera en la Convención de Palermo. Se tiene que ver de manera integrada en un fenómeno mucho más complejo que afecta a los municipios. “Estamos entrando en una situación más angustiosa”, dijo.
Para las próximas candidaturas, agregó, son múltiples actores los que estarán involucrados en la vigilancia.
“Hoy necesitas que te revise la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), el SAT (Servicio de Administración Tributaria), la Convención Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República para decir que no represento un riesgo para el Estado mexicano y no estoy conectado con redes de macrocriminalidad o redes de corrupción local que impiden que yo sea un legislador, un gobernador, una autoridad que llegó a través del voto popular”, agregó.
Acción del INE
Asimismo, Bohórquez indicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) también tendrá su área de participación en el tema de transparencia, a partir de las facultades que le otorga la nueva ley. Puede, así, consultar a las autoridades sobre la situación de riesgo que pueda presentar un aspirante a un cargo de elección popular.
Es así como, si los partidos políticos implementan esta medida, el INE tendrá que revisar cerca de 22 mil candidaturas para decir que no representan un riesgo en este aspecto. El director ejecutivo de Transparencia Mexicana afirmó que se está a buen tiempo de establecer reformas y disposiciones legales y regulatorias para atender el tema de transparencia que permitan realizar un proceso electoral legal y en orden.
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