La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó la iniciativa de reformas a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que busca prevenir que los conflictos cotidianos escalen a situaciones de violencia mediante mecanismos de atención temprana, mediación, reparación del daño y reconstrucción de la convivencia comunitaria.
Foto: Gobierno de la Ciudad de México.
La mandataria explicó que la propuesta, trabajada durante más de un año en el Gabinete de Construcción de Paz, plantea una transformación del modelo de justicia cívica para atender las causas de los conflictos, promover la responsabilidad de quienes cometen infracciones y evitar su reincidencia.
“Queremos pasar de una justicia que castiga después, a una justicia que previene antes”, señaló Brugada Molina en conferencia de prensa. Destacó que el objetivo es intervenir oportunamente en las comunidades donde existen problemas de convivencia, antes de que deriven en hechos de violencia.
La iniciativa articula 10 ejes estratégicos para modificar la atención de las infracciones y los conflictos comunitarios. Entre ellos se encuentran la prevención, la solución y la reparación del daño; la incorporación de mecanismos alternativos para atender determinadas conductas de baja gravedad; la implementación de juicios orales con audiencias públicas, y la creación de la figura de agentes psicosociales restaurativos.
Respecto a la atención de conductas de baja gravedad, la jefa de Gobierno explicó que determinados casos, como la sustracción de bienes con valor menor a 5 mil 800 pesos y ciertos supuestos de violencia verbal familiar, podrán atenderse por la vía cívica bajo condiciones estrictas, siempre que no exista violencia física, agravantes o circunstancias que configuren casos graves.
Aclaró que la propuesta no modifica el Código Penal ni elimina la posibilidad de acudir al Ministerio Público. Las personas agraviadas podrán optar por la vía penal o por la cívica, según corresponda, para buscar una respuesta oportuna, la devolución de los bienes o la reparación del daño, así como medidas que eviten la repetición de estas conductas.
El nuevo modelo también contempla juicios orales con audiencias públicas, en las que las partes puedan exponer sus argumentos ante un juez. La finalidad es agilizar las resoluciones y fortalecer la transparencia y la imparcialidad en la atención de los casos.
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Como parte de la atención a las causas de los conflictos, los agentes psicosociales restaurativos realizarán evaluaciones para identificar factores emocionales y sociales relacionados con las conductas infractoras. A partir de ellas, podrán canalizar a las personas a servicios psicológicos, tratamientos para las adicciones, programas educativos y opciones de capacitación o empleo, de acuerdo con sus necesidades.
Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios para la mediación, conciliación y justicia
Otro de los ejes es la creación de los Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios, denominados Calpullis de Paz, que podrán instalarse en Utopías, PILARES y otros espacios públicos. En ellos se ofrecerán mecanismos de mediación, conciliación y justicia restaurativa para resolver diferencias vecinales sin que necesariamente deriven en procedimientos judiciales o episodios de violencia.
La propuesta incluye jornadas itinerantes de justicia cívica, medidas comunitarias y programas de prevención de la violencia, resolución pacífica de conflictos, atención psicológica y prevención de adicciones, además de acciones para facilitar el acceso a oportunidades educativas y laborales.
La atención se organizará mediante tres vías: la detección anticipada de riesgos en las comunidades; los reportes ciudadanos recibidos a través del 911, el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), las asambleas vecinales y otros mecanismos de proximidad; y la intervención policial ante presuntas infracciones cívicas.
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Brugada Molina anunció que el Gobierno de la Ciudad de México destinará recursos, a partir del próximo año, para mejorar las instalaciones de los juzgados cívicos, fortalecer su operación e incorporar personal especializado. Entre las necesidades identificadas se encuentra la atención de los servicios médicos legistas.
Aunque la Constitución capitalina establece que las alcaldías son responsables de mejorar estos espacios, la mandataria señaló que el Gobierno central participará en su fortalecimiento para garantizar las condiciones necesarias para la aplicación del nuevo modelo.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso de la Ciudad de México para discutir la iniciativa y avanzar en la transformación de la justicia cívica, con un enfoque que priorice la prevención y la solución de los conflictos.
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