Desde 1996 el financiamiento público de los partidos políticos supera —al menos en el papel— al financiamiento privado. Se determinó así para evitar la cleptocracia y la compra de los políticos por los “poderes fácticos”, cualquiera que éstos fueran. Para determinar el monto de estos recursos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establecía una fórmula genérica que incorporaba variables como el costo mínimo de campaña, el número de diputados y senadores a elegir, l número de partidos con representación ante el Congreso y la duración de las campañas. Sin embargo, los estados eran libres de establecer la fórmula con la que se calcularía el financiamiento de los partidos políticos locales.