Expediente Abierto

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La vivienda abandonada es un problema grave de atender. Ya se ha comprobado que en ciertos conjuntos de Baja California, Jalisco o del Estado de México, 40, 60 o hasta 90 por ciento de las propiedades se encuentra abandonada o invadida. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son las políticas que podrían resolver la problemática desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS)?

En 2014, el doctor Alfonso Iracheta analizó 36 conjuntos habitacionales financiados con créditos Infonavit y reveló precisamente el nivel de deterioro de cada uno: ninguno de los conjuntos habitacionales cumplía con los estándares mínimos de calidad. En noviembre de 2017, Richard Marosi y Cecilia Sánchez volvieron a comprobar el problema de deterioro, y especialmente la problemática del abandono de vivienda, a través de una investigación publicada en Los Ángeles Times, que se basó en la visita a 50 desarrollos en diferentes partes del país. En febrero 2019, Bernd Pfannenstein publicó cartografías de asentamientos humanos en Jalisco, donde se registra precisamente hasta 90 por ciento de viviendas abandonadas.

En la Alianza para la Regeneración Urbana (ARU) estimamos que, en todo el país, entre el Infonavit y el sector bancario, se contabilizarían unas 500 mil viviendas en cartera vencida, es decir, viviendas cuyos propietarios dejaron de pagar y abandonaron su casa.

La única opción para ser eficiente en la recuperación de vivienda abandonada es definir polígonos territoriales que concentran esta problemática y enfocar acciones específicas en estos territorios definidos. Es necesario enfocarse no solamente en las viviendas abandonadas, sino también en los entornos urbanos y volver a poner al habitante al centro de la estrategia. Esto para volver a generar barrios que brinden calidad de vida y que sean atractivos para las personas.

Sin embargo, hasta ahora, las empresas que compran las viviendas de la cartera vencida del Infonavit o de los bancos no tienen la capacidad de actuar a la escala de barrio porque las viviendas que compran se encuentran dispersas en diferentes barrios y fraccionamientos. Un giro muy pertinente en la atención a este problema sería vender las viviendas abandonadas por polígonos y asegurarse de que las empresas que las compran implementen programas de Regeneración Urbana con Participación Social para mejorar los entornos de las viviendas, así como para fomentar una mejor convivencia entre la comunidad de vecinos.

En la ARU, desde 2016, nos dimos a la tarea de definir una metodología de acceso público y replicable para regenerar barrios que concentran vivienda abandonada: la metodología de Regeneración Urbana con Participación Social. Juntando la experiencia de siete organizaciones mexicanas, definimos los pasos e instrumentos para llevar un proceso que permite recuperar barrios deteriorados con un enfoque integral, participativo y de largo plazo.

Esta metodología consiste en implementar en cada barrio un proceso colaborativo de largo plazo entre habitantes, autoridades públicas, organizaciones de la sociedad civil y empresas, a fin de diseñar, implementar y evaluar estrategias integrales que mejoren los espacios públicos, la seguridad y la organización vecinal.

Existen capacitaciones y soluciones de acompañamiento para las empresas que quieren mejorar sus procesos. Las autoridades federales deberían fomentar esta profesionalización del gremio, así como definir reglas claras de evaluación de estas empresas. Solamente así se dará una solución a la vivienda abandonada con indicadores de éxito claros que demuestren que la estrategia permite a los trabajadores de México recuperar su patrimonio y su calidad de vida.

*Directora General de la Alianza para la Regeneración Urbana (ARU).