América Latina es la región más urbanizada del planeta, con más de 80 por ciento de la población residiendo en aglomeraciones “urbanas”; sin embargo, en nuestras ciudades hay realidades distintas, áreas de usos mixtos con una gran calidad urbana e infraestructura resiliente, y grandes cinturones de pobreza sin infraestructura básica, los menos visibles, con una fuerte exposición ante los fenómenos naturales.

En ese contexto las ciudades de México han crecido de una manera orgánica; a partir de la mitad del siglo pasado y, en especial, la época de la explosión demográfica, se presenta un crecimiento desordenado, debido a la pobreza y a la emigración campo-ciudad; en unas décadas se transformaron de pueblos a ciudades con enormes desafíos en términos de resiliencia.

Hoy en día, aproximadamente 10 por ciento de la población está asentada en áreas que son altamente vulnerables. El gobierno no ha encontrado una solución viable; y de esta manera, una parte de la población invade espacios vulnerables, y otra, autoconstruye viviendas en un hábitat no cualificado; adicionalmente se incrementa la pobreza en las urbes, y se genera la espiral de declive.

Por otro lado, se presenta la paradoja del cambio climático: la región es baja en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), es decir, nuestras ciudades no son grandes productoras de esos gases —que ocasionan los mayores impactos en el cambio climático— en comparación con las grandes urbes de Asia, Europa o Estados Unidos, pero sufren los impactos del calentamiento global.

Un aspecto fundamental para que las ciudades convivan con estos riesgos es incorporar a los planes de desarrollo urbano las herramientas técnicas necesarias para definir cuáles son las zonas con mayor potencial de sufrir impactos negativos. Por ejemplo, tecnologías para hacer mapas de microzonificación sísmica, estudios probabilísticos de riesgos, etcétera, y que permiten prevenir los impactos considerando un enfoque prospectivo y participativo, y que incorpore las nuevas tecnologías (Teledetección, Gis, Lidar, entre otras).

Estos estudios deben hacerse con el nivel de detalle adecuado y con las técnicas más precisas, y aunque esto requiere más recursos de los que normalmente se destinan son clave para identificar cuáles son las zonas que requieren mayor atención por su vulnerabilidad ante los fenómenos naturales. Sólo de esta manera es posible prevenir la construcción y urbanización en estos espacios, y en los casos en los que sea inevitable, se sigan modelos resilientes.

Este gran trabajo no es solo una responsabilidad de los gobiernos locales, tiene que ser un proceso compartido entre los ciudadanos, las autoridades, las empresas privadas y la academia, y se tiene que hacer con los recursos suficientes, porque la experiencia nos ha demostrado que lo barato resulta más costoso.

Por consiguiente, se debe impulsar la planeación basada en la gestión integral de riesgos —elemento usualmente invisible o poco visible—, como el instrumento básico y preventivo para la construcción y puesta en marcha de lo visible: la infraestructura de las ciudades. Todo ello con el foco en quienes a menudo son “los invisibles”: la población más vulnerable. El desafío es enorme, la población se ha aglomerado en torno a las ciudades, el contexto económico es complejo y nos está tocando vivir una fatal pandemia; debemos ser resilientes.