Actualmente, a raíz de la pandemia, nuestro país enfrenta una diversidad de retos económicos y de salud, esto ha propiciado que los gobiernos enfoquen su atención en prioridades urgentes, descuidando otras que también son importantes. La lucha contra la corrupción se ha acrecentado al dar espacio a la disminución de la eficiencia, capacidad de respuesta y recursos de las dependencias de gobierno en sus distintos órdenes.

Según datos del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2021, México experimentó algunos de los descensos más pronunciados en materia de corrupción, posicionándolo en el lugar 11 de 15 del ranking. Dicho índice indica que, el descenso de 2019 a 2020 fue de apenas 2 por ciento, y su puntuación global en 2021 cayó 7 por ciento.

Derivado de lo anterior, conviene señalar que la corrupción es un problema silencioso, que puede adoptar muchas formas, la burocracia es una de éstas. Los procedimientos engorrosos crean implicaciones de discrecionalidad, como son los famosos sobornos a cambio de agilizar un trámite. Transparency International señala en su Índice de Percepción de Corrupción 2020 que México se clasificó en el lugar 124 de 180 países evaluados. De lo cual se puede argüir que los costos de la burocracia junto con la corrupción resultan particularmente gravosos, siendo, además, los principales obstáculos para los empresarios cuando se trata de invertir, aperturar y hacer negocios en el país. En dicho sentido, es cuando los sobornos administrativos aparecen como un mal necesario.

Razón por la cual surge el siguiente cuestionamiento: ¿cuánto cuesta a los mexicanos la burocracia y la corrupción en los trámites? Datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 indican que el costo total de la corrupción en trámites, pagos o solicitudes de servicios públicos, más otros contactos con autoridades fue de 12 mil 770 millones de pesos (mdp), lo que equivale a 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada. Por lo tanto, al acudir a realizar trámites, pagos o solicitudes de servicios, 48.1 por ciento de los ciudadanos encuentra barreras por la falta de simplificación administrativa (exceso de requisitos, poca claridad en el proceso y largas filas).

Pero para todo mal hay un remedio. La Ley General de Mejora Regulatoria, en su Artículo 61, señala la figura jurídica de la “Protesta Ciudadana”, entendida ésta como un medio de defensa para el usuario, cuando, con acciones u omisiones por parte del servidor público encargado del trámite o servicio, éste niegue o retrase la gestión sin causa justificada. Con esta herramienta el servidor puede ser sancionado cuando actué indebidamente en contra de un particular que realiza un trámite o servicio.

Por todo lo anterior, es evidente que posponer la toma de decisiones puede implicar enormes riesgos, por lo tanto, se requiere restablecer la confianza en las instituciones, reducir la burocracia gubernamental, erradicar la corrupción y fomentar que los ciudadanos y empresarios utilicen la “Protesta Ciudadana”. Por lo tanto, debería tomarse como prioridad en las agendas políticas de los gobiernos en nuestro país; es una tarea urgente que debe tener como eje rector promover la transparencia, responsabilidad e integridad en todos los niveles y sectores de la sociedad.

*Asesor Titular de Gestión Empresarial de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. Experto en análisis, propuestas y recomendaciones vinculadas a las legislaciones, códigos, reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas y todo aquel ordenamiento jurídico aplicable en materia de mejora regulatoria.