Gobierno Abierto, paradigma para una democracia moderna

El ejercicio del gobierno, su orientación en la toma de decisiones o la forma de concretar metas, no es posible en una democracia constitucional como la nuestra si no se respeta y promueve la participación de la ciudadanía. ¿Bajo qué parámetros debe impulsarse la participación de los miembros de la sociedad en los asuntos públicos?

De cara al primer tercio del siglo XXI, la respuesta debe ser clara y directa: conducir el complejo mundo moderno hacia ambientes dignos, equitativos y justos para el sano y libre desarrollo humano, donde las sociedades interactúen en un intercambio de avances tecnológicos continuos para acceder a mejores niveles de vida. Esto será posible en estados estructurados bajo formas de gobierno abierto, orientados hacia una intensa colaboración ciudadana en todo tipo de asuntos públicos.

En este contexto, participar en lo público implica dar un salto de calidad, desde la presencia simbólica de los ciudadanos en actos relacionados con la gestión pública, hasta su incorporación real como actores indispensables en los gobiernos. Las personas deben tener espacios para observar y opinar sobre lo público, pero también para incidir y decidir la ruta y destino de las políticas públicas relativas a cuestiones culturales, sociales, económicas o políticas, que afecten su entorno.

La participación ciudadana implica reconocer el derecho de exigir, a quienes ejercen el servicio público, transparencia en la gestión, bajo el principio de datos abiertos, así como demandarles que rindan cuentas de los negocios que se encuentren bajo su administración, y coadyuvar en la confección o cumplimiento de planes y programas gubernamentales.

Esa participación conlleva la posibilidad de impulsar medidas de combate a la corrupción e incluso exigir sanciones por irregularidades en el ejercicio de actividades públicas.

El tiempo de una participación ciudadana simulada en la gestión de lo público está agotado. Si esto no se entiende así por quienes ejercen el poder público, es que no perciben la nueva forma de consolidar un verdadero Estado democrático de Derecho. Ejercer gobiernos abiertos implica reconfigurar métodos y formas del quehacer gubernamental, con enfoques de innovación para la mejora en la calidad de sus servicios, con el fin de incorporar mecanismos que empoderen a los ciudadanos y a sus organizaciones en procesos de planeación, ejecución y evaluación de las actividades gubernamentales.

Dirigir un país entraña la necesidad de poner en práctica gobiernos horizontales de cara a las exigencias ciudadanas para la superación de sus condiciones de vida, con la finalidad de que el aparato estatal incorpore la colaboración e ideas de innovación surgidas desde la sociedad, acercando previamente a ésta los datos y mecanismos indispensables para el conocimiento a fondo de los asuntos públicos, con la finalidad de tomar decisiones compartidas entre sociedad y gobierno, en beneficio del interés general y de la protección de derechos humanos.

Con esa perspectiva, es posible construir un patrón de desarrollo nacional, cambiando el paradigma en la gestión de lo público, desde uno tradicional, vertical, opaco y autoritario, hacia otro, moderno, horizontal, transparente y democrático, para la superación y tranquilidad de los ciudadanos.

El autor es Vicepresidente Ejecutivo del Colegio de Especialistas en Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Estado A.C.