Aproximadamente, dentro de un mes, durante la primera semana de septiembre, dará inicio el proceso electoral 2023- 2024. A partir de ese momento, las actividades del Instituto Nacional Electoral (INE) se encaminarán a preparar todos los pasos que conducirán a la jornada electoral del 2 de junio de 2024. Son muchas las actividades que hay que preparar y la calidad del proceso dependerá de la buena conducción que realicen los miembros de la Junta General Ejecutiva y el Consejo General del INE. Lo demás estará en manos del ejército de funcionarios que componen al Servicio Profesional Electoral, que tienen toda la experiencia necesaria para que las cosas salgan bien.

La diferencia de este proceso está en el activismo de los partidos para definir quiénes serán los líderes de la Cuarta Transformación y del Frente Amplio por México. De acuerdo con los calendarios anunciados, las dos personas responsables serán seleccionadas justo durante la primera semana de septiembre, antes del inicio del proceso electoral, para que sus actividades no invadan los tiempos en los que cualquier forma de proselitismo estaría prohibida. Con todo, durante agosto sigue abierto el debate jurídico sobre la legalidad de las actuales movilizaciones de los aspirantes. Con base en los precedentes, tanto del Tribunal Electoral como del INE, se ha permitido que los actores políticos realicen prácticamente todo tipo de actos que bien podrían ser propios de una campaña electoral en forma, o cuando menos de una precampaña. Los pronunciamientos de las autoridades han sido tibios hasta la fecha, pues no hay una prohibición expresa para realizar actividades que son consideradas como actos internos de los partidos en su capacidad de autorregulación. Cuando más, se insistió en que los discursos de los aspirantes no podrían hacer llamados explícitos al voto o referirse a planes de gobierno, promesas de campaña o procesos electorales.

Con todo, el tema que preocupa tiene que ver con el origen de los recursos que ya se están invirtiendo por parte de todos los aspirantes. El INE, a través de su Comisión de Fiscalización, podría fiscalizar los recursos que se inviertan, pues finalmente están relacionados con actividades partidistas. Sin embargo, no parece estar claro cuál sería el alcance de esa fiscalización, quienes serían los responsables y qué tipo de sanciones podrían imponerse. Es evidente que los aspirantes por parte de Morena y sus aliados desplegaron todo tipo de propaganda a través de pintas en bardas, espectaculares y todo tipo de eventos públicos desde hace más de un año, mientras que, en el Frente Amplio por México, las actividades apenas empezaron en julio. Sigue en vilo la definición final de las autoridades sobre el trato que se dará a estas actividades.

El otro tema pendiente tiene que ver con la participación del Presidente de la República, no solo en relación con las actividades partidistas, sino también en el proceso electoral en general. Desde el anuncio de su llamado “Plan C” para llamar al voto a favor de su partido y así alcanzar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, el INE ha solicitado silencio por parte del Presidente en estos asuntos. En específico, la Comisión de Quejas del INE ha dictado medidas cautelares para impedir que el Presidente haga referencia al proceso electoral, a los aspirantes de las fuerzas políticas (en favor o en contra) y se aparte de realizar críticas a los aspirantes. También, en este caso, habrá que esperar una definición firme por parte de las autoridades para lograr el apego a la ley en el proceso electoral.

Lo que está en juego es la legitimidad del proceso electoral en su conjunto. A todos conviene que las reglas estén claras antes, durante y después de las elecciones. Por lo pronto, el tiempo sigue su marcha y las definiciones siguen urgiendo.

Profesor Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Twitter: @ArturoSanchezG Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (figura pública)