La mayor parte de 2020 ha estado marcada por tres fenómenos: la persistencia del Covid-19 en nuestras comunidades, con diferentes números de personas enfermas y fallecidas; los efectos económicos de la pandemia, que se expresan en desempleo, cierre de negocios, caída de la producción y un futuro incierto para el año que entra, y la lucha de las autoridades estatales por contar con los recursos necesarios para enfrentar las problemáticas locales, en medio de las crisis y de la inseguridad.

Estos fenómenos permanecerán durante la segunda mitad del año, mientras el presidente insistirá en mantener, sin cambio alguno, sus proyectos y programas sociales que seguirán su marcha sin interrupción. Aún no sabemos el impacto que tendrá la crisis económica en los planes de la actual administración, pero uno de los debates más fuertes que se avecina es la definición del presupuesto de egresos para el ejercicio 2021.

En este contexto, inédito por demás en la historia reciente del país, iniciará el proceso electoral del siguiente año para renovar la Cámara de Diputados. Además, empezarán los movimientos políticos en todo el país (si no es que ya empezaron) orientados a que los partidos definan las candidaturas para 15 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos que se elegirán el seis de junio de 2021. En medio de la crisis, se discutirán posibles reelecciones, la construcción de nuevas alianzas partidistas y cada partido entrará en la irremediable competencia interna por definir a sus mejores candidatos.

Cada elección será relevante para los planes presidenciales, pues sin el control de la Cámara de Diputados por Morena y sus aliados, los proyectos legislativos de la Federación tendrían que negociarse con la oposición. De ahí la importancia de resguardar las mejores condiciones de imparcialidad para el desarrollo de las campañas, con un Instituto Nacional Electoral (INE) fortalecido y con un estricto cumplimiento de las reglas de la competencia. Es en este punto donde las cosas empiezan a precipitarse con mucha antelación. No es extraño que los precandidatos a las gubernaturas en los estados inicien actividades políticas y que cada partido busque contener manifestaciones a sus precandidatos, en la espera de que “se lleguen los tiempos”. Desafortunadamente, el Presidente López Obrador incluyó en una de sus mañaneras expresiones que defienden a su partido y abiertamente incluyó a partidos de oposición como integrantes de un supuesto bloque opositor que busca debilitar a su gobierno. Es más, en el paquete incluyó al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En medio de la difícil situación que enfrenta el país, es deseable que las estrategias políticas, las decisiones para enfrentar la crisis económica y la resolución de los pendientes legislativos del segundo semestre del año, no se contaminen con intentos de influir en los procesos electorales. Buena parte de la reforma electoral de 2007-2008 estuvo orientada a evitar que los funcionarios hicieran actos que influyeran, desde los gobiernos, en las preferencias electorales. Si se vuelve a abrir esa forma de lucha política, lo que veremos es un interminable conjunto de litigios y quejas que solo terminarán por ensuciar la elección y hacer muy complicada la construcción de la legitimidad de los ganadores, sean quienes sean.

La mayor parte de los procesos electorales del año entrante ocurrirán en las entidades federativas. Mucho ayudará que, empezando por los procesos municipales, prevalezca el respeto a la normatividad. Son tiempos en que la polarización debe enfrentarse con el fortalecimiento de la pluralidad de opciones y el respeto a la diversidad. En las elecciones del próximo año no hay solo dos opciones, hay un esquema democrático que conviene mantener, sobre todo ahora cuando la crisis genera incertidumbre.

El autor es Decano Asociado de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
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