El reto de fiscalizar campañas electorales

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El autor es Decano Asociado de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM. Twitter:@ArturoSanchezG; Facebook: Arturo Sánchez Gutiérrez (Figura Pública)

Durante el mes de julio el tema que concentró la atención en el ámbito electoral fue la fiscalización de los gastos de los partidos. De acuerdo con la nueva ley, esta actividad corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral (INE) y los órganos públicos locales electorales (OPLE) no participan. Por primera vez se abrió la posibilidad de que una elección se anulara como consecuencia de la revisión de los gastos de los candidatos a gobernador en Coahuila. El tema no es menor, principalmente por el precedente que estableció el INE sobre el cuidado que tendrá en 2018 para evitar que se rebasen los topes de gasto de campaña.

Fiscalizar a los partidos es una actividad que genera un enfrentamiento entre partidos y autoridades electorales. A partir de 1997, la fiscalización a los partidos evolucionó al incorporar nuevos instrumentos de revisión, el perfeccionamiento del reglamento correspondiente y las nuevas atribuciones que estableció la ley para el Instituto Federal Electoral (IFE) y que heredó el INE. Al mismo tiempo, los partidos aprendieron a administrar sus recursos de manera más profesional y construyeron oficinas responsables de las finanzas con mejores contadores y auditores internos.

Con todo, la fiscalización más efectiva la realizaba el IFE en las cuentas nacionales de los partidos. A nivel local, la revisión de los ingresos y gastos correspondía a los institutos locales y no necesariamente aplicaba los duros criterios del IFE, por lo que la fiscalización era más ligera en muchos casos. Ahora que el INE está a cargo de la fiscalización en los estados, las estructuras estatales de los partidos enfrentan el rigor en la revisión y la aplicación de criterios que el propio Tribunal ha confirmado para la revisión nacional. Desde las revisiones que hizo el INE a los ejercicios de 2015 y 2016 a nivel local, los partidos fueron multados severamente por no aplicar en los estados el mismo cuidado con el que llevan sus cuentas nacionales.

Por ello no sorprende que en elecciones locales, donde la competencia es muy cerrada y las campañas muy intensas, el INE encuentre gastos excesivos, egresos no reportados, gastos de campaña ocultos y demás irregularidades. El INE ha mejorado mucho su capacidad de fiscalización y hoy se realizan monitoreos, día a día, de las actividades de los candidatos, del número de eventos que realizan, espectaculares que rentan, bardas que pintan y propaganda que distribuyen. Para ello, la Unidad de Fiscalización del INE tiene representantes en cada entidad y cuentan con un Sistema Integral de Fiscalización que obliga a los candidatos, so pena de ser multados, a registrar cada ingreso y egreso que realizan, a más tardar cada tercer día. Esto es lo que permite que una tarea compleja pueda ser desahogada por el INE en tiempo y forma.

Para 2018 la cadena de fiscalización parece aceitada en su funcionamiento: la Unidad de Fiscalización realiza el trabajo de auditoría; la Comisión de Fiscalización del Consejo General emite los criterios y revisa el trabajo de la Unidad; el Consejo General recibe los dictámenes y emite las resoluciones correspondientes; y si alguien no está de acuerdo, llevará sus alegatos a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Un reglamento de fiscalización establece el marco jurídico.

Sin embargo, cada vez que el INE fiscaliza se reinicia algún debate. Algunos opinan que se debió ser más severo en ciertas revisiones o que el INE “no vio” gastos irregulares que debía de haber fiscalizado; otros se quejan de la aplicación de criterios extremadamente rígidos, que presuntamente violan los derechos de los partidos a hacer campaña. Lo cierto es que la sociedad espera una rendición de cuentas muy rigurosa y el INE hace bien en ser exigente. Para 2018, la mejor presentación de un candidato ante la sociedad será su capacidad de ser transparente en los gastos que realiza. El INE estará muy atento a que no se cometan irregularidades y emitirá las sanciones que correspondan, aunque ello pudiera implicar la nulidad de una elección.

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