En auge las APP para infraestructura

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Roberto CuarónEl desarrollo de obra pública en los estados ha tenido, en años recientes, un fuerte impulso debido a la adopción de esquemas de Asociación Público-Privada (APP). Por lo menos 20 entidades federativas han modificado sus legislaciones, con lo que se adelantaron a la Ley de APP aprobada en diciembre pasado por el Congreso de la Unión.

Roberto Cuarón, socio en Asesoría en Transacciones y Finanzas Corporativas de la consultora Ernst & Young, refiere que las entidades federativas de nuestro país acumulan varios años de experiencia en el uso de las APP, principalmente para financiar infraestructura y servicios públicos.

“Varias entidades hicieron modificaciones a su régimen legal para favorecer la inversión privada. Ejemplos exitosos son el Estado de México, Guanajuato o Oaxaca, que entendieron que se trata de mecanismos que les ayudan a potenciar escasos recursos para mejorar su infraestructura.”

Cuando los proyectos están bien valuados y tienen claro el impacto económico y financiero, han generado buenos resultados, comenta el director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Estado de México, José Luis de la Cruz.

Las APP se definen como cualquier sociedad entre una entidad del sector público y una del sector privado, con el propósito de desarrollar infraestructura o servicios básicos para la población. En México, los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) son una modalidad de las APP.

Los primeros PPS comenzaron a funcionar en 2004, para la construcción de los proyectos Ciudad Gobierno y Ciudad Judicial del estado de Oaxaca, con una inversión de 1,826 millones de pesos (mdp). A partir de ahí, en 2008, Zacatecas empleó el mismo esquema, también para una Ciudad Gobierno, con valor de 1,200 mdp.

Otras entidades, como Nuevo León, Estado de México, Durango y Coahuila han utilizado el esquema en proyectos que suman más de 25 mil 900 mdp y tienen plazos para su ejecución de uno a 25 años.

CRECE INTERÉS DE LA IP

CarreteraLas entidades federativas han tenido que emprender diversas reformas legales con el propósito de permitir la inversión privada y darle certidumbre jurídica, comenta Roberto Cuarón. Tan solo el Estado de México tiene hospitales de tercera generación y libramientos carreteros, entre otras obras públicas, que se financiaron de una forma más ágil y sin comprometer de un solo golpe el presupuesto estatal.

“También se debe reconocer que los estados han integrado equipos de especialistas que saben aprovechar las modificaciones legales. Es gente que valora qué tipo de proyectos conviene y bajo qué modalidades”, comenta el experto y asegura que, si bien varias entidades federativas han introducido las APP en sus leyes, “no todas lo han hecho con la profundidad del Estado de México, Guanajuato o Oaxaca”.

Según Roberto Cuarón, la iniciativa privada podría invertir en cualquier sector, en el entendido de que en algunos de los casos, la rectoría debe ser conservada por el sector público, por ejemplo en salud.

Un ejemplo conocido es el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío en León, Guanajuato, cuya obra se licitó con todo el equipamiento —algo que regularmente no se hace— y se diseñó un modelo que, sin tener la propiedad de los equipos médicos, el gobierno los opera y decide cuándo los renueva. Además de que son las autoridades quienes brindan el servicio de salud.

“Hay una fila de empresarios que buscan emplear sus recursos. Lo que sí se debe entender es que las entidades públicas tienen el compromiso de pagar lo que otros fiJosé Luis de la Cruznanciaron. Si el análisis del esquema se hace adecuadamente, la gran ventaja es que el gobierno no emplea sus recursos de un solo golpe, sino que lo difiere a lo largo de 20 a 25 años, según el tipo de infraestructura”, comenta Cuarón.

ACTUALIZAR EL ESQUEMA

Más crítico, José Luis de la Cruz considera que es necesario revisar los esquemas de APP para dar mayor certeza jurídica, tanto a los gobiernos locales como a los mismos inversionistas.

“En primera instancia se deben dejar en claro los derechos de propiedad, esto es que no se atenta contra la propiedad de los estados. Los cambios legales también deben apuntar hacia la transparencia de los recursos, los criterios de asignación y el estudio de los proyectos, entre otros.”

Luis García Sotelo, director adjunto del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec), destaca que las APP y todas sus variantes son favorables si cumplen con el objetivo de financiar proyectos de infraestructura, sin que esto implique una carga para el estado o que provoque problemas de deuda.

“Tiene ventajas probadas en varios países y en México hay estados que lo han utilizado muy bien. El instrumento, por sí solo puede ser bueno. No obstante, aún falta legislar para afinar su funcionamiento y detallar qué tanto compromete a las finanzas públicas de los estados.”

Como se recordará, a finales del año pasado el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de APP, que entre otros aspectos prevé que el sector privado sólo se asociará con el Gobierno Federal para edificar infraestructura nueva. Los legisladores federales manifestaron que —a diferenciade las leyes estatales— la nueva ley incorpora mecanismos de control a través de la Auditoría Superior y de la Secretaría de la Función Pública para evitar actos de corrupción, idea que probablemente comenzarán a discutir los congresos estatales, sobre todo de aquellas entidades con más años de usar las APP.

CHIAPAS: NUEVA CU

De la mano del sector

Chiapas es uno de los estados que ha desarrollado varios programas y proyectos de inversión en alianza con la iniciativa privada. Las áreas más importantes han sido educación, transporte y salud.

El titular de la Unidad de Estructuración Financiera de Chiapas, Jorge Armando Cetina, explicó que para la construcción de la Ciudad Universitaria, de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se necesitan al menos 700 mdp. Para la primera etapa del proyecto se cuenta con 20 mdp aportados por la Federación y 60 mdp por el estado.

Asimismo, se consideran recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, además de la participación de la iniciativa privada. Se prevé que el complejo universitario y deportivo beneficiará a 20 mil 227 alumnos.

Destaca que la construcción de 60 kilómetros de la autopista Tuxtla Gutiérrez- Villaflores, así como la rehabilitación de una parte del circuito carretero Ocozocoautla son parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura carretera que se pretende impulsar a través de las APP.

Se calcula que las obras costarán mil mdp y 503.98 mdp, respectivamente. Actualmente se trabaja con consultoras privadas para organizar los proyectos en los aspectos técnico, financiero y legal.

EDOMEX: HOSPITAL INTELIGENTE

HospitalOtro ejemplo exitoso es la construcción del Hospital de Alta Especialidad en el municipio de Zumpango, Estado de México, mediante la figura de un PPS. El inmueble, que fue inaugurado en septiembre pasado, cuenta con sistemas de ahorro de energía eléctrica y de agua, ya que fue equipado con plantas para reutilizar el líquido pluvial y tecnología que detecta cualquier fuga de energía eléctrica.

La construcción del hospital tuvo un costo de 1,103 mdp y se calcula que beneficiará a 27 ayuntamientos en la entidad y a 3 millones de usuarios. Tiene 124 camas, áreas para 29 especialidades, así como una unidad de atención a personas con quemaduras. Su operación costará 300 mdp anuales.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, el plazo para su pago será de 25 años. Las empresas privadas que se encargaron de la construcción fueron IGSA Solutions y Constructora Teya. Según el gobierno del estado, al realizarse en colaboración con el sector privado, la edificación implicó un ahorro presupuestal de 13 por ciento.

MONTERREY: TRANSPORTE

El Sistema Integrado de Transporte Metropolitano “Ecovía” es un proyecto que prevé la construcción de dos carriles exclusivos, de 30.1 kilómetros cada uno para transporte urbano, que circulará por las avenidas Lincoln y Ruiz Cortines de Monterrey, Nuevo León.

Se plantea que la obra, que tendrá un costo de 1,637.5 mdp —610 mdp aportados por Banobras, 360 mdp del gobierno del estado y 600 mdp a través de transportistas, inmobiliarias y otras empresas—, reducirá hasta en 50 por ciento los tiempos de traslado de los 160 mil usuarios que utilizarán diariamente este transporte. Se prevé que la Ecovía esté lista para mayo o junio de este año. Debido al esquema definanciamiento bajo el que se construye la obra, tendrán que pasar 20 años para que sea propiedad del estado.

Por otro lado, con un costo estimado de 13 mil 500 mdp, el proyecto Monterrey VI tiene por objeto garantizar el suministro de agua en el área metropolitana de la capital neolonesa durante los próximos 50 años. La obra incluye la construcción de un acueducto que iría desde el Río Panuco, en Tamaulipas, hasta la presa Cerro Prieto de Nuevo León, con un flujo de 15 metros cúbicos de agua por segundo.

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