Gobernadores dejan solo A FCH

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CalderónLa mayor fuerza para combatir al crimen organizado en México está en el eslabón más débil de la Federación, desperdiciada y obsoleta. Se trata de la policía municipal, que en números redondos suma 360 mil elementos en los dos mil 438 ayuntamientos que tiene el país.

Las policías municipales carecen de fuero, capacitación, adiestramiento, armamento, salarios, mística y todo lo necesario para enfrentar a las bandas de delincuentes que operan en sus jurisdicciones. Más bien están atemorizadas y subordinadas a las mafias, porque no tienen otra opción.

Sobre la participación que deberían tener las agrupaciones policiacas en la lucha contra el narcotráfico y las bandas de secuestradores, el senador Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de la República, se pregunta: “¿Pero cómo ahora? Si no les estamos dando la capacitación, las armas, la confianza de que ellos pueden controlar sus municipios. Y es que cualquier borracho les dice soy ‘zeta’, y ya se quedan callados, eso es porque está mejor armado el crimen que ellos”.

El legislador argumenta que “cuando el presidente Vicente Fox estaba en funciones, la Policía Federal Preventiva (PFP) fue conformada por dos compañías de soldados: de éstos, 20 mil se encuadraron en la PFP, organismo que ahora tiene no más de 26 mil elementos, de los cuales, 20 mil son militares que no quieren ser policías y siguen guardando su lealtad al Ejército. Asimismo, 12 mil marinos están haciendo labor de policías. Por otro lado, en este momento el Ejército tiene en la calle 45 mil efectivos haciendo actividades policiacas en todo el país. Eso nos da un total de 83 mil elementos.

“Más o menos, calculamos que hay 105 mil policías estatales y ministeriales en el territorio nacional, mientras que en los dos mil 439 municipios, hay 360 mil elementos.

Entonces ¿dónde está la fuerza de la policía? Pues en los municipios. No nos podemos hacer tontos; queremos ganar, entonces tenemos que reforzar a los municipios y limpiar sus policías, los tenemos que apoyar. Ellos son la célula básica del sistema político mexicano y también de la seguridad”, afirma el senador.

Florence CassezPero lo anterior se antoja más que difícil, por una razón que explica González de esta forma: “Cuando los presidentes municipales no son de los partidos de los gobernadores, éstos les retienen el presupuesto, que para ellos (los municipios) es agua en el desierto, especialmente cuando se trata del tema de la seguridad. Entonces, ¿cómo le exigimos a un munícipe que cumpla con las metas, cuando ni siquiera recibe el fondo municipal de seguridad?” Y se pregunta a sí mismo: “¿Por qué lo retienen allá arriba? No digo que se quede el Estado con él, pero no lo baja”.

González cita un ejemplo de los absurdos que se ven en el combate al crimen organizado: “Se les avisó a los gobernadores que había municipios ya controlados por las mafias. En lugar de ir a ayudar a sus presidentes municipales, prefirieron decirle al gobierno federal ‘pues allá tú, mano, yo no puedo’.

“Y vea lo que pasa, están deteniendo presidentes municipales. Y con eso, estamos dando una imagen mundial de que ya se rompió la estructura gubernamental. Pero eso no es todo, cuando se detuvo a estos presidentes municipales, resultó que tres de ellos, no estaban en eso, ¿por qué las mafias dijeron que les daban dinero? ¡Porque no agarraban dinero! Esa es la forma de castigar a un mandatario honrado”, precisa.

El senador, quien fue gobernador de Aguascalientes en el periodo 1998-2004, reflexiona: “Hemos pagado un costo de sangre altísimo. Familias mutiladas. Y se dice: ‘es que la mayor parte eran narcos’, ¡no es cierto! Yo quiero ver una procuraduría de un estado, que cuando hay una balacera nos diga ‘ya investigué y fue fulano’. Ninguna lo hace. Ni siquiera se asoman. ‘Es crimen organizado, háblenle a la Procuraduría General de la República (PGR)’, ordenan. Es decir, los gobernadores y procuradores de todo el país ya no hacen su trabajo”, subraya.

Advierte que el crimen organizado “le metió dinero a las candidaturas”. A muchos que ganaron para presidentes municipales y algunos para gobernadores. “Ahí sí habría que investigarlo y tendríamos que dar pruebas, porque es una cosa muy delicada, pero se dice que así fue, a cambio de poner ellos (el narcotráfico) al jefe de policía”.

EL EJÉRCITO, ¿A LOS CUARTELES?

Felipe GonzálezLa situación del país es grave, asegura el legislador, y precisa: “El problema es que el Ejército no puede estar permanentemente en la calle haciendo la función de policía nacional. Además, es increíble que México sea el único país que no tiene una guardia costera. No tenemos policía marina. Entonces tiene que ser, desafortunadamente, la misma Armada la encargada de hacer el papel de policía”.

 

El tamaño del problema obliga al gobierno a tomar medidas cada vez más radicales. Desde el inicio del sexenio proclamó al Ejército como pilar para el combate del crimen organizado, al que le declaró la guerra, dándole la importancia a la amenaza que representa como riesgo para la seguridad nacional, con el fin de darle el fuero a las Fuerzas Armadas para que pudieran actuar fuera de los cuarteles, sin violentar el orden constitucional de México.

Hoy, por calles y caminos de ciudades y serranías, patrullan más de medio millón de policías y soldados. En los últimos nueve años, las Fuerzas Armadas prácticamente cuadruplicaron el número de sus elementos, que sacaron de los cuarteles para combatir al crimen organizado, en aras de restablecer la seguridad pública que reclama la sociedad para realizar su vida cotidiana de manera libre, tranquila y sin temor.

Resulta difícil hacer un recuento preciso del saldo rojo porque la situación y los números cambian constantemente. Un día las fuerzas gubernamentales detienen a algún delincuente importante, y al día siguiente aparecen 10, 20 o hasta 30 personas ejecutadas en diferentes partes del país. Y esas ejecuciones son cada vez más violentas y desquiciadas, con la intención de dejar claro el mensaje de que los criminales no tienen límite en sus formas de operar con el fin de mantener sus actividades ilícitas.

Esto ha llevado a México a convertirse en un país dónde los asesinatos con excesiva crueldad, como es la tortura hasta perder la vida, cercenamiento de brazos y piernas, descuartizamiento, decapitación y toda clase de barbaries, sean el pan de cada día. Ya la población ve con indiferencia las portadas de los periódicos que exhiben las fotos de esos hechos.

LA GUERRA COMENZÓ HACE MUCHO

Rosario IbarraAnte tal situación, desde el primer día de su gobierno, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado, y por ello sacó de sus cuarteles al Ejército, como única fuerza capaz de realizar semejante tarea. Pero esta decisión del presidente Calderón no es nueva.

Aquí bien vale citar lo que publicó el semanario Época, como nota de portada en su número 491 del 30 de octubre de 2000: “Tanto en el combate al narcotráfico como en la seguridad pública hay dos componentes que son fundamentales: las causas y los efectos. Nosotros por nuestra organización y adiestramiento y equipamiento, estamos listos para combatir los efectos de esos fenómenos. Sin embargo, si pretendemos avanzar en ambos casos, tendríamos que ver un concepto de integralidad, es decir, hay que ir a la causa… salud, educación y apoyos fundamentales y básicos para que la gente resuelva sus inconformidades y viva tranquilamente en el Estado de derecho que todos queremos”.

La declaración es del general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, que ocupaba el cargo de jefe de la Sección de Operaciones Contra el Narcotráfico, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que en esa ocasión explicó que las Fuerzas Armadas de México “tenemos más de 40 años combatiendo el narcotráfico”.

Al igual que el general de brigada Marcial Rafael Macedo de la Concha, en su calidad de procurador general de Justicia Militar —después fue Procurador General de la República, durante el gobierno del presidente Vicente Fox—, explicó por qué el Ejército tenía que tomar parte en la lucha contra el crimen organizado: “No hay ninguna fuerza de seguridad pública en este momento que pueda activar los efectivos que despliegan las Fuerzas Armadas.

Estoy hablando de 25 mil hombres, durante los 365 días del año, combatiendo el narcotráfico, en el entendido de que hay dos temporadas, cuando viene la curva alta de la producción de marihuana y de amapola, en la que hemos llegado hasta 34 mil hombres”.

En este sentido, el general Macedo de la Concha fue contundente: “No conozco todavía qué fuerza policiaca, qué corporación, pudiera corresponder a la confianza de la sociedad en el trabajo tan delicado que se realiza en esta actividad, por su disciplina, por su adiestramiento, por su lealtad a las instituciones, por el sacrificio en el cumplimiento del deber. No conozco todavía una corporación que pueda garantizarle al Estado este tipo de trabajo. Las fuerzas armadas estarán empeñadas en esta tarea mientras el interés de la nación así lo exija, mientras no existan corporaciones confiables, en las cuales pueda delegarse ese grado de responsabilidad”.

TAMBIÉN ES TAREA DE LA POBLACIÓN

ManosEl hecho de tener al Ejército y la Armada patrullando las calles, haciendo funciones de policías, ha sido severamente criticado por la sociedad y señalado como un acto anticonstitucional, toda vez que contradice las funciones de los militares establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 21 señala: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.

Asimismo, el artículo 129 precisa: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.”

Sobre el tema, la senadora Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, explica que “es un grave error tener al Ejército haciendo funciones de policía, porque se ha cometido un gran número de violaciones a los derechos humanos de la población civil y porque, además, se expone a las Fuerzas Armadas a una mayor penetración del narcotráfico en sus filas, vía corrupción”.

Afirma que el país está muy mal en materia de seguridad pública. “Por todos lados hay problemas graves. En Cadereyta, Nuevo León, hay 39 trabajadores petroleros desaparecidos. Sin causa aparente, se los llevaron policías cuando estaban trabajando. Hay agentes de tránsito, policías y judiciales desaparecidos. Sólo en Nuevo León se podrían documentar cien desapariciones forzadas.”

La senadora afirma que se debe vigorizar la participación de la sociedad civil para fortalecer la seguridad. “Hay que incentivar a la gente para que participe. El combate al crimen organizado depende mucho de concientizar a la sociedad para que no se convierta en aliada de los criminales”, precisa.

Si no se hace esto el futuro que se vislumbra por la inseguridad es aterrador. “¿Qué país le vamos a dejar a los hijos y nietos?, —se pregunta la senadora, y agrega que— no hay participación ciudadana porque la sociedad está atemorizada. Y cómo no lo va estar, si todo esto es alimentado por las tres jinetas —que no jinetes— del Apocalipsis: la corrupción, la impunidad y la simulación.”

En un informe emitido en julio pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se dio a conocer que de 2 mil 956 quejas atendidas por esta institución, durante el primer semestre de 2009, por presuntas violaciones a los derechos fundamentales, la Sedena es la que concentra el mayor número con 559 casos, le sigue la PGR con 216 y finalmente la Secretaría de Seguridad Pública federal, con 104.

El 22 de julio del año en curso, dos días después de que la Sedena desplegara a dos mil 500 soldados más para reforzar la presencia de mil 500 marinos y mil 300 agentes de la Policía Federal en Michoacán, como respuesta a las agresiones armadas a cuarteles y agentes, por parte de gavillas de narcotraficantes del grupo llamado La Familia, se emitió un comunicado en el Senado de la República. Desde la tribuna, el coordinador de la fracción parlamentaría del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones fue directo y contundente en su planteamiento: “Las Fuerzas Armadas no pueden hacer el trabajo de policías permanentemente, se debe poner un plazo para que regresen a sus cuarteles”.

En el mismo tono, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el senador Graco Ramírez Garrido Abreu advirtió, sobre el tema de las tropas en Michoacán, que con ello crece la militarización del país y que “se ha colocado a las Fuerzas

Armadas en una situación difícil, porque los soldados no están capacitados para ser policías y se genera un peligroso desprestigio para los militares, que cada vez se ven más involucrados en violaciones de derechos humanos”.

60 MIL DETENIDOS HASTA AHORA

El camino para restablecer la seguridad pública en el país ha sido sinuoso para el gobierno y la sociedad civil. Los penales se atiborran con miembros de las bandas de narcotraficantes, de los que se cuentan por encima de los 60 mil detenidos en lo que lleva el gobierno de Felipe Calderón. La sociedad es cada vez más permeable al narcotráfico, que incorpora a sus filas lo mismo a mujeres que ancianos, niños y adolescentes, que en los ajustes de cuentas son sacrificados sin distingo. Los diarios contabilizan durante el primer semestre del año más de tres mil ejecutados, un promedio de 17 diarios.

En esta problemática no han faltado los oportunismos políticos, como proclamar la pena de muerte como la medida más eficaz para abatir el secuestro y el narcotráfico.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) utilizó esto como lema de campaña en las elecciones de julio pasado, pero lo que nunca le aclaró al electorado es que esa sería una medida constitucionalmente imposible de aplicar, por una sencilla razón: el artículo 22 de la Constitución precisa: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”.

Pero, además, esa bandera del PVEM contraviene los acuerdos internacionales firmados en esta materia por México. El 28 de junio de 2007 el gobierno mexicano ratificó el Pacto de San José (1969), o Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 4°, párrafo 3, precisa: “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”, y México lo hizo el 9 de diciembre de 2005.

La propuesta de pena de muerte le costó al PVEM su expulsión del Partido Verde Europeo (EGP, por sus siglas en inglés), el 10 de febrero de 2009, y una recomendación por parte de esta agrupación a la Federación de Partidos Verdes de las Américas para que tomara la misma medida.

En todo esto se ha proscrito el significado de la condición de seguridad pública, que reclama orden y paz pública, en lo que están garantizados tanto la integridad física y los derechos de los individuos y sus bienes, como el resarcimiento del daño para las víctimas del delito. Y que en los países desarrollados el crimen organizado o no, se combate con trabajo de inteligencia policiaca. Este es un camino que aún tiene un largo trecho por andar en México.

Parte de ese camino se finca en la aprobación de nuevas leyes, tales como la de Extinción de Dominio, la de la Policía Federal, la de Salud —a la que se le modificaron 10 artículos para tratar el tema del narcomenudeo—, dos artículos del Código Penal Federal y dos artículos del Código de Procedimientos Penales, y la Ley de Seguridad Pública Nacional. También se cambió la Ley de Amparo, de modo que un policía que sea despedido por falta de confianza, se pueda amparar para que le paguen lo que le deben, pero no para que lo reinstalen.

Lamentablemente la delincuencia organizada, la que le hace mella a la seguridad pública del país, se dejó crecer como bola de nieve y recorre el territorio nacional.

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