8 alcaldes bajo investigación en lo que va del sexenio

Debido a que el orden de gobierno más vulnerable es el municipio, el crimen organizado se filtra en el financiamiento de campañas electorales, impone a candidatos a su servicio o presiona a los ediles

Patrulla pilicia MunicipalEl vínculo del ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, con el grupo criminal Guerreros Unidos se convirtió en el caso emblemático que puso sobre la mesa la difícil situación por la que atraviesan los gobiernos locales y la debilidad de los cuerpos policiacos para combatir al crimen organizado. La fuga inmediata de Abarca Velázquez marcó el punto más álgido en México de la relación entre criminales y funcionarios. Por si fuese poco, el edil suplente solicitó licencia indefinida al Congreso guerrerense para separarse del cargo a sólo ocho horas de asumirlo.

Para la madrugada del 4 de noviembre de 2014, finalmente fue detenido el ex alcalde de Iguala, quien fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, señalado como el autor intelectual de la muerte de seis personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que quedó a disposición del Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, por cargos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, en cumplimento a la orden de aprehensión librada en su contra el 24 de octubre de 2014.

DetencionSin embargo, otros casos no menores han ocurrido en otros estados, como en Michoacán, donde el pasado 5 de noviembre el Congreso local designó como presidentes municipales provisionales a quienes fueran síndicos de Pátzcuaro y Huetamo, Jorge Pita Arroyo y Juan Carlos Mederos Sánchez, respectivamente, después de que las alcaldesas Salma Karrum Cervantes y Dalia Santana Pineda se dieron a la fuga por los procesos judiciales que enfrentan por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

De acuerdo con un recuento elaborado por Alcaldes de México con base en información de prensa local y nacional hasta el cierre de esta edición, en los dos primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto, ocho alcaldes están bajo investigación por presuntos nexos con la delincuencia organizada. A siete de ellos las autoridades estatales y federales los investigan por supuestos vínculos con bandas de narcotraficantes, como Los Caballeros Templarios y Guerreros Unidos. En tanto, el edil de Cuetzala, Guerrero, Feliciano Álvarez Mesino, es investigado por el delito de secuestro.

URGE TRANSPARENCIA

Renán Barrera Concha, presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), señala que “Iguala es el caso más claro de cómo personas relacionadas con el crimen organizado están en cargos de inf luencia y además son los responsables de cuidar a los ciudadanos, es un ejemplo de lo que sucede cuando no hay un protocolo para vigilar el perfil de quienes acceden al poder”.

 

Ediles bajo investigación.fw

 

El también alcalde del municipio de Mérida, Yucatán, afirma que ante el próximo proceso electoral de 2015 sería conveniente compartir información entre el Instituto Nacional Electoral (INE), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Conamm para investigar los perfiles de candidatos que representarán a los ciudadanos.

Edna Jaime Treviño, directora general de la organización no gubernamental México Evalúa, señala que los problemas que tiene el gobierno de Guerrero por la debilidad de las instituciones, son porque no se ha orientado adecuadamente la estrategia de seguridad y por lo tanto no se alcanza a comprender las dinámicas locales.

La también fundadora de México Evalúa indica que la opacidad en el terreno de la procuración de justicia impide el alcance del escrutinio ciudadano. “En temas de seguridad y gobierno no podemos llegar muy lejos, hay mucha información clasificada, esto no puede ser, no se pueden hacer solicitudes de información sobre el tema de los alcaldes y su situación jurídica porque se trata de información reservada, el tema de seguridad y procuración de justicia es el sector donde más información reservada existe. “Entendemos que hay información que no debe ser pública, pero es necesario abrir la puerta para hacer efectiva la rendición de cuentas y evitar que se den casos de corrupción, pero también necesitamos una sociedad activa que se mantenga pendiente de lo que hacen los gobernantes”, recalca Edna Jaime.

FORTALECER A MUNICIPIOS

Por otra parte, Alejandro Hope, consultor independiente en materia de seguridad, acota que la información con respecto a los alcaldes es muy delicada. Enfatiza que en el pasado ya se han hecho intentos por construir casos donde se establezca la vinculación entre autoridades y delincuencia organizada.

Palacio de gobierno municipal iguala“Uno de ellos es el llamado ‘Michoacanazo’ y, ¿qué aprendimos de esto? Que puede hacerse una relación con nombres y elementos que vinculen a las autoridades con los criminales, sin embargo, hace falta la evidencia que permita sustentar el caso.

“Respecto a cuántos y cuáles son los alcaldes que son investigados, podemos establecer una lista de nombres de quienes ya están en proceso, y esto sirve para transparentar los procedimientos de procuración de justicia y, aun en esos casos, hay mucha información que no puede hacerse pública porque los ordenamientos legales así lo indican”, comenta Alejandro Hope.

A su vez, Renán Barrera concluye que “el orden de gobierno más vulnerable es el municipio y es por ahí por donde se entromete el crimen organizado, ya sea a través del financiamiento de campañas o imponiendo a personas que están a su servicio o presionando a los alcaldes electos”.

El presidente de la Conamm subraya que “la vida de los mexicanos se desarrolla en los municipios, por eso las políticas para resolver los problemas nacionales tienen que ser a través del fortalecimiento de los ayuntamientos para garantizar que los presidentes municipales desarrollen un buen gobierno y los ciudadanos tengan garantías para su seguridad”.

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