Tareas pendientes de las legislaturas estatales

Los diputados locales tienen la responsabilidad de complementar cuatro grandes legislaciones aprobadas recientemente

El periodo reformador concretado en el Congreso de la Unión en la Legislatura que está por terminar, se debe complementar con una serie de pendientes que los congresos estatales deberán aterrizar en los próximos meses para garantizar que las nuevas leyes y reformas cobren vigencia plena en los tres órdenes de gobierno.

Más allá de los retos locales que cada legislatura deberá abordar, existen grandes pendientes que implican adecuaciones en leyes estatales en los siguientes temas:

• Disciplina financiera y endeudamiento a nivel local

Ante el crecimiento desmedido de la deuda pública en los gobiernos locales, el Congreso de la Unión aprobó reformas que obligan a los congresos de los estados a auditar las obligaciones del sector público, independientemente del origen de los recursos afectados como garantía. Los diputados locales deben definir las garantías y la cantidad máxima de endeudamiento de la entidad y sus alcaldías, los mecanismos para contratar empréstitos públicos y la prohibición de que éstos se destinen para gasto corriente, así como el establecimiento de mayoría calificada en el Congreso para la aprobación de cualquier deuda nueva.

• Sistemas locales anticorrupción

La reforma constitucional establece que los congresos locales deberán replicar el modelo de Sistema Nacional Anticorrupción —con una fiscalía independiente y órganos de auditoría más robustos— para acotar y sancionar los actos de corrupción.

Los congresos estatales deberán modificar también sus leyes locales para que la fecha de entrega de la cuenta pública tenga como l ímite el 30 de abril. Asimismo, los estados deben constituir tribunales de justicia administrativa, que se encargarán de aplicar las sanciones a los servidores públicos estatales o municipales por responsabilidad administrativa, así como a los particulares que participen en actos de corrupción, y establecer los montos de las indemnizaciones y sanciones por desvíos y daños causados a la hacienda pública estatal o municipal.

• Transparencia y rendición de cuentas

Con la publicación de la Ley General de Transparencia, en mayo de 2015, los congresos locales cuentan con un año para realizar cambios en las legislaciones de transparencia y acceso a la información pública estatales.

Entre las modificaciones más importantes a nivel local está el reconocimiento del acceso a la información como un derecho humano —hay 25 legislaciones que no lo contemplan como tal—; el diseño de un método transparente y abierto para designar a los comisionados del instituto de transparencia de cada estado; el procedimiento para solicitar información a las dependencias y organismos gubernamentales, así como los tiempos máximos de respuesta y las sanciones por incumplir con la entrega de la misma.

• Nuevo sistema penal

Aun cuando esta reforma ha avanzado en varias entidades, persiste un rezago en la actualización de las leyes locales que deberán ajustarse al nuevo Código Penal de Procedimientos Penales, previo a la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial, programado para entrar en funcionamiento en 2016.

Las adecuaciones locales estarán enfocadas en homologar los tipos penales y sanciones en todos los estados e implican cambios a los códigos penales estatales, las leyes orgánicas del Poder Judicial y las procuradurías de justicia locales, así como la nueva regulación para la defensoría pública.

En resumen, los congresos estatales y diputados de todos los partidos tienen en su lado de la cancha la responsabilidad de aterrizar, en lo local, al menos cuatro grandes legislaciones aprobadas recientemente.

Pero el verdadero éxito de estas reformas dependerá del acompañamiento ciudadano al proceso legislativo, ya que, de otra forma, los congresos controlados por mayorías priistas podrían caer en la tentación de implementar contrarreformas que violen el espíritu de las reformas constitucionales dirigidas a fortalecer la transparencia, el sistema de justicia y la rendición de cuentas.

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