Municipios en “aprietos” por política antidrogas (versión extendida)

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El autor es investigador del Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas, A. C. (CuPIHD).

Las alcaldías pueden invertir en cultura de la prevención y en diagnósticos locales sobre el consumo de drogas, legales e ilegales, cuyos resultados fundamenten políticas adecuadas a la realidad

 

El mundo cambia y las políticas de drogas cambian con él. En diversos países, la tendencia es la de superar las políticas represivas y dar paso a políticas de salud pública basadas en evidencias y el respeto a los derechos humanos.

Por ejemplo, países como Holanda, España, Jamaica, Estados Unidos y Uruguay han implementado políticas que facilitan a los usuarios el acceso seguro a marihuana de calidad, a la par que los desvinculan de los actores del mercado negro y evitan, con ello, el fortalecimiento de las estructuras delictivas.

México no puede excluirse de los cambios que ocurren en el mundo, especialmente si consideramos que la violencia generada por la política de “guerra contra las drogas” nos ha llevado a una crisis humanitaria. Por ello debemos considerar las opciones y tomar acciones acordes con cada realidad local.

 

DINÁMICA DEL MERCADO

Los municipios del país, en mayor o menor proporción, tienen dentro de la economía local los flujos de dinero del mercado de la marihuana; en este sentido, la pregunta es: ¿cuál sería la política adecuada para afrontar las dinámicas del mercado de la marihuana y su eventual regulación? Para ello, nos centramos en tres actores del mercado: productores, vendedores y consumidores.

Antes hay que considerar que los delitos contra la salud, como se nombra jurídicamente a los crímenes por la venta de drogas, históricamente han sido de índole federal, razón por la que las autoridades municipales y estatales han sido poco participativas en la aplicación de leyes y políticas en la materia, o se han visto impedidas de ponerlas en marcha cuando enfrentan a grupos delictivos con alto poder de fuego y/o coludidos con autoridades superiores.

Sin embargo, las alcaldías son fuertemente presionadas por los ciudadanos, quienes demandan políticas eficientes contra la inseguridad y las adicciones, lo que incentiva a que, más que esperar a que el Gobierno Federal o los estatales les dicten cómo actuar, articulen acciones acordes con su realidad, razón por la cual, a continuación, se ofrecen algunas alternativas basadas en experiencias internacionales.

En el caso de los productores, hay que considerar que son los actores que provocan mayores dificultades a los municipios donde se asientan, no sólo porque les imprimen un halo de “zonas del narcotráfico”, lo que ahuyenta al turismo y las inversiones, sino porque atraen fuerzas federales que, en no pocas ocasiones, han violentado los derechos de la población local y, con ello, lesionado la confianza entre ciudadanos y autoridades.

La producción es un reto en el que poco pueden hacer los municipios debido a que la ley federal prohíbe no sólo el cultivo de la flor de la marihuana ─como sugiere la Convención Única de Estupefacientes de 1961─, sino toda la planta, más conocida como cáñamo. Esto imposibilita que las alcaldías promocionen la industria del cáñamo en aquellas regiones cuyas condiciones geográficas son idóneas para la producción; pero además, como país, nos pone en desventaja frente a socios comerciales, como Canadá y Chile, que producen y exportan a México papeles, alimentos, textiles y cosméticos que son facturados con base en derivados de la planta.

Pese a esto, los ayuntamientos pueden optar por programas de sustitución de marihuana por otros cultivos, así como articular programas de economía alternativa que incluyan la creación de ranchos cinegéticos (para cacería) o, incluso, recorridos temáticos sobre la historia de la droga en esos lugares; ejemplo de ello es la creciente oferta de museos de drogas en diversas ciudades del mundo.

 

LEGISLACIÓN O MERCADO NEGRO

Si se considera una eventual regulación, los municipios que deseen competir en los mercados legales deberán apoyarse en empresarios agrícolas para capacitar a productores en el cultivo en exterior de variedades con alta producción, que les permita compensar el mayor tiempo de cultivo respecto a las variedades producidas en interior, las cuales dominan los mercados negros y medicinales de muchas ciudades y países.

Con relación a los vendedores, o narcomenudistas, es recomendable que las autoridades se concentren en el combate de la tienditas o puntos de venta fijos, como se señala en el libro Las redes del narcomenudeo. Éstas son de especial relevancia para la seguridad local, no sólo porque dispensan drogas, sino porque aumentan la percepción de inseguridad en las comunidades donde se asientan y afectan gravemente la confianza de los ciudadanos en la eficiencia de la policía.

Además, la exposición de niños y adolescentes a las drogas en las comunidades donde se comercian, deriva en el aumento del consumo y del consumo problemático, lo que a mediano plazo también genera un incremento en el gasto en salud y mayor preocupación y percepción de inseguridad entre padres de familia.

En el caso de los consumidores es recomendable que las policías municipales no desperdicien recursos en su persecución por el delito de posesión de drogas, esto no sólo es ineficiente en términos del combate a los mercados, sino que deriva en la detención de miles de usuarios; lo cual, además de saturar los sistemas locales de justicia, perjudica la confianza de los usuarios en sus autoridades y repercute en que sean fácilmente reclutados por la delincuencia organizada.

En caso de una eventual regulación, algunos municipios podrán incentivar el turismo de usuarios y springbreakers, como ya sucede informalmente en algunas ciudades fronterizas y destinos de playa.

Independientemente de los cambios legales, los municipios deberían invertir en una cultura de prevención, ofrecer espacios de consumo regulado donde se brinde a los usuarios información sobre reducción de riesgos y daños derivados del uso de drogas, e invertir en diagnósticos locales sobre las prácticas del consumo de drogas ─legales e ilegales─ cuyos resultados fundamenten políticas adecuadas a la realidad de cada municipio.

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